El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena citó a declarar mañana a partir de las 09.30 horas al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a los otros siete exconsejeros que no acompañan al expresidente Carles Puigdemont en Bruselas y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart, a los que interrogará por la querella por rebelión y sedición que se comenzó en la Audiencia Nacional por su participación en el “ procés” y que el alto tribunal asumió el viernes.
Llarena adoptó esta decisión después de recibir los escritos en los que las defensas de los Jordis, de Junqueras, Raúl Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull Meritxell Borrás y Joaquim Forn solicitan que el Supremo modifique la medida de prisión provisional que fue adoptada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el 16 de octubre en el caso de los dos primeros y desde el 2 de noviembre para los miembros del exgovern. Ello les permitiría, tal y como pretenden los exconsjeros, participar en la campaña para las próximas autonómicas.

La vía Forcadell
En sus escritos, los exmandatarios catalanes fueron acercándose a la denominada “vía Forcadell” que facilitó la puesta en libertad por orden del propio Llarena de la presidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña, investigada igualmente por rebelión en el alto tribunal junto a otros exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Esta consiste básicamente en un acatamiento expreso de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, darle un valor simbólico a la DUI, y en la renuncia a la unilateralidad en el proceso independentista.
Ya que en sus escritos estos diez investigados solicitan que se les reciba declaración, en una breve providencia dictada ayer LLarena señala que se les cita a todos ellos a las 09.30 horas e igualmente se requiere la presencia de la Fiscalía y demás partes personadas. Estas últimas son las defensas de Forcadell y del resto de exmiembros de la Mesa que ya prestaron declaración ante Llarena el pasado 9 de noviembre y se encuentran en libertad bajo fianza –con excepción de Josan Josep Nuet, contra quien no se adoptó ninguna medida cautelar.

Material inescindible
En el auto en el que asumió la competencia sobre la investigación iniciada por Lamela en dos causas diferentes –la que investiga a los exconsejeros por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y la dirigida contra los representantes de las organizaciones sociales por una posible secesión– Llarena justificaba su decisión al apreciar conexión material inescindible” con los hechos investigados a las personas aforadas y que esto puede apreciarse en algunos casos “desde un primer momento”.
El magistrado entiende la “existencia de una compleja heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República Independiente”.
Y que para lograr este propósito, que permitió la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia –señala el juez–, los integrantes de dicha organización elaboraron una “premeditada estrategia perfectamente coordinada” en el que se repartieron papeles entre “autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles” y en el que participaron las asociaciones.
El magistrado destaca en el auto que aunque es evidente que la intervención de cada uno de los investigados tuvo una “sustantividad material propia”, la necesidad de que se enjuicie conjuntamente se enmarca en que no se puede hacer un pronunciamiento si no se analizan “integralmente las actuaciones desarrolladas y el cuadro de intenciones”.
En este sentido, dijo que la intervención “coordinada” de los miembros del Govern y la de los presidentes de ANC y Ómnium en los hechos “es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión”.
Por lo que se refiere al riesgo de reiteración delictiva que tendrá que valorar Llarena el próximo viernes, la posición de los exconsejeros de ERC, con Junqueras a la cabeza, evolucionó desde un tímido reconocimiento inicial del artículo 155 en el primer recurso que presentaron contra su prisión –señalando que habían sido cesados y ello impedía que hubiera reiteración delictiva–, hasta un escrito mucho más concreto y clarificador que presentaron este martes ante Llarena, que es el que motivó sus citaciones.