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viernes | 19 abril | 2024
El exdelegado del Gobierno en Galicia Arsenio Fernández de Mesa eludió ayer cualquier responsabilidad en la gestión de la crisis que siguió al accidente que sufrió el petrolero “Prestige” el 13 de noviembre de 2002, y aseguró que carecía de “autoritas” y “potestas” porque las competencias correspondían “a la autoridad marítima española”.
Fernández de Mesa, actualmente director general de la Guardia Civil, declaró ayer como testigo ante el tribunal de la Audiencia de A Coruña que juzga los daños medioambientales causados por el “Prestige”.
“El delegado del Gobierno no dio órdenes absolutamente a nadie”, remarcó Fernández de Mesa, quien precisó, además, que “un profano en la materia” como él “nada tenía que aportar ni que decir”.
Explicó que no asistió a ninguna reunión “técnica” y que su labor durante esos días se limitó a poner a disposición de las autoridades marítimas los medios disponibles sobre los que tenía competencias.
“Mis únicos interlocutores eran el director general de la Marina Mercante, el subdirector de Tráfico y Seguridad Marítima, el capitán marítimo de A Coruña y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)”, recalcó el exdelegado del Gobierno, que se refirió al “Prestige” como “un conjunto de chatarra”.
que no se empotre
Sobre el papel de López Sors, negó que, el mismo día 13 de noviembre de 2002 le comunicase que había que alejar el buque. “Lo primero que dije es que no se empotre en Muxía”, aclaró.
Preguntado si se valoró la posibilidad de llevar el barco a un puerto refugio, manifestó que se estudiaron “todas las opciones”, aunque volvió a precisar que “los trabajos de los técnicos no estaban en el despacho del delegado del gobierno ni en un grupo de amigos”.
Fernández de Mesa llegó a estar imputado por sus presuntas responsabilidades en la catástrofe medioambiental por el juzgado de Corcubión hasta que en 2003 la Audiencia de A Coruña levantó su imputación y la del entonces capitán marítimo, Ángel del Real.
En su declaración, defendió la labor de las autoridades marítimas durante la crisis, cuya gestión calificó de “impecable”, y recordó que “tenían que tomar decisiones en tiempo real”.
“A toro pasado es todo muy fácil”, señaló el exdelegado del Gobierno en Galicia, cuya presencia ayer en el juicio activó notablemente las medidas de seguridad en Expocoruña, el recinto en el que se celebra la causa desde el pasado 16 de octubre.
Fernández de Mesa también se refirió a su labor como portavoz del Gobierno durante los primeros días de la crisis, hasta que fue sustituido en esas labores por Mariano Rajoy, entonces vicepresidente primero en el Ejecutivo de José María Aznar, y aseguró que ningún miembro de la administración trató de minimizar la catástrofe.
Al respecto, y a preguntas de un letrado que representa a diversas cofradías de pescadores gallegas, apuntó que su intención en las ruedas de prensa que ofreció fue la de “informar de lo que estaba pasando sin engañar absolutamente a nadie”.
Las declaraciones de Fernández de Mesa sobre su participación en la gestión de la crisis contrastan con lo expuesto por el capitán de la empresa de salvamento marítimo Smit Salvage Albert Koffeman, quien la pasada semana aseguró que el exdelegado del Gobierno era quien “más insistía” en “sacar fuera” el “Prestige”.
Koffeman fue el responsable de negociar con las autoridades españolas las diversas alternativas para tratar de salvar el “Prestige” después de que la armadora del petrolero contratara con este fin a Smit Salvage, una de las empresas más importantes del mundo en el rescate de barcos en dificultades.
contradicciones
Este testigo había declarado previamente ante un juzgado francés por esta causa y afirmó entonces que le dio la impresión de que De Mesa, a quien se ha referido como “el gobernador”, “era la persona que mandaba”.
“Todo el tiempo decía fuera”, señaló ayer Koffeman rememorando los contactos que mantuvo en A Coruña con el exdelegado del Gobierno tras el accidente del “Prestige”.
De Mesa reconoció ayer que mantuvo contactos con responsables de Smit Salvage a su llegada A Coruña, pero precisó que se limitó a ofrecerles el apoyo de la administración española.
Además, aclaró que esta empresa especialista en el rescate de barcos en dificultades firmó una orden de las autoridades españolas en la que se comprometían a llevar el “Prestige” a 120 millas de la costa.
