La contratación de personal en el área de Servicios Sociais del Concello, para el programa de intervención en Recimil, y una educadora, para el equipo de atención a la infancia, ha recibido las críticas del Comité de Empresa y la Xunta de Persoal del Concello, por falta de información sobre el proceso.
Los representantes de los trabajadores municipales indican que el pasado día 3 de diciembre se enteraron a través de una intervención plenaria de la contratación de personal y preguntado el concejal del área, Felipe Sas, este respondió que se trataba de un proceso tramitado desde Servicios Sociais y que entregaría la información pertinente.
Sin embargo, explican desde el comité, los únicos datos que se facilitan son que las contrataciones son en régimen de trabajador autónomo y que son tres personas, aunque está previsto llegar a siete.
El Comité y la Xunta explican que estos organismos deben tener la información pertinente, ya que el personal desarrolla su trabajo en dependencias municipales y “descoñecemos pola nosa parte a cualificación persoal e os cometidos para os que se realizaron estes contratos, así como os criterios que se seguiron na selección do persoal”.
Desde que se pidió información, aseguran los representantes sindicales, no se les ha facilitado ninguna información por lo que denuncian “o ninguneo ó que nos vemos sometidos a representación sindical, rexeitando ademais que unha administración pública opte por este tipo de contratacións  que non son máis que privatizacións puras e duras”.

urgencia
Servizos Sociais asegura, por su parte, que la contratación de personal responde “á situación de extrema urxencia social na que se atopa Ferrol” e insiste en que se realizó con transparencia, con los informes pertinentes de los técnicos municipales y como medida transitoria debido a las limitaciones a las contrataciones existentes. Indicó que “hai un compromiso inequívoco de crear estas prazas dende o ámbito público en canto sexa posible”.
De todos modos, la edila Beatriz Sestayo informó de que los trabajadores –dos educadores sociales y una trabajadora social– están asignados a programas concretos de trabajo.
Aclaró, además, que “non cabe falar de privatizacións na acción deste goberno que apoia de xeito decidido a función pública”. Asegura que estos contratos atienden a que “non se pode perder nin un minuto para mellorar a atención a Recimil e atender aos menores”.