Detenidas 18 personas por la presunta financiación irregular de CDC

Uno de los registros en Barcelona d’Infraestructures Municipals ep
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La Guardia Civil detuvo ayer a 18 personas por diversos presuntos delitos, durante la operación “Pika” que se realizó vinculada a la presunta financiación irregular de CDC, en la que practicaron 24 entradas y registros.

Los hechos incluyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, según informó la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.

Fuentes de la investigación explicaron que, de los 18 detenidos, está previsto que algunos queden en libertad a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) –ya como investigados–, mientras que otros serán llevados a dependencias de la Guardia Civil en la provincia de Tarragona. De hecho, al cierre de esta edición, eran seis las personas que seguían en el local de la benemérita.

Las mismas fuentes añadieron que el destino de cada uno de los detenidos dependerá de su nivel de implicación en los delitos y del riesgo de destrucción de pruebas.

Según otras fuentes cercanas al caso, estuvieron detenidos durante los registros el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; los exdirigentes de CDC Francesc Sánchez y Andreu Viloca (extesorero); el director de la empresa municipal barcelonesa Bimsa, Ángel Sánchez; el exconcejal de CDC en Barcelona Antoni Vives y el exgerente municipal barcelonés Constantí Serrallonga.

ORIGEN

Las entradas y registros de ayer fueron consecuencia de un informe de la Guardia Civil del 27 de enero de 2017 que pone de manifiesto varios supuestos “de contratación –de obras públicas–que habrían sido amañados”, según la Fiscalía.

Estos supuestos amañados no consistían en saltarse los requisitos formales de los concursos de obra pública, sino en ser “otorgados previamente”, con lo que para entender el fraude hay contextualizarlo con las reuniones previas que se celebraban y las donaciones, sobre todo a la fundación Catdem, vinculada a CDC.

La Fiscalía sitúa el origen de la investigación en la operación “Petrum”, centrada en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), donde detectaron una supuesta alteración en el concurso público de un parking –a partir de una denuncia de ERC– y se desvelaron presuntos sobornos del empresario Jordi Sumarroca al que era alcalde, Daniel Masagué (CiU). Tras registrar la empresa Teyco –vinculada a la familia Sumarroca– y el domicilio particular de Sumarroca, la Fiscalía concluyó que, además de sobornos al alcalde, “se consumaban sobornos hacia CDC” a través de “donaciones” a Catdem, todo ello a cambio de adjudicaciones de obras.

Anticorrupción también sostiene que esta mecánica se utilizó en otros ayuntamientos donde la extinta CiU gobernaba, como Figueres, Lloret de Mar (Girona), Sant Celoni y Sant Cugat (Barcelona).

Esto fue lo que propició la posterior entrada y registro en estos ayuntamientos, en la fundación CatDem y en la sede de CDC, al comprobarse que el despacho del administrador de la fundación, Andreu Viloca, estaba en la misma sede del partido, pues también era tesorero de CDC así como de otras fundaciones afines.

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