El Gobierno español abrirá expediente sancionador a una firma gallega cuyos barcos fueron apresados pescando ilegalmente en el Antártico, según un comunicado divulgado ayer por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El citado Ministerio “imputa diecinueve infracciones muy graves, de carácter continuado, a la Ley de Pesca Marítima del Estado, que son sancionables de manera individual con multas de hasta 600.000 euros y penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras”.

También subraya que “va a proceder de manera inminente a abrir expedientes sancionadores a cincuenta tripulantes españoles por su enrolamiento” en los barcos “Kunlun”, “Songhua”, “Yongding” y “Tiantai”, apresados en diversos países y a los que las autoridades de Nueva Zelanda acusan de ser propiedad de la empresa gallega Vidal Armadores, con sede en el puerto coruñés de Ribeira.

El comunicado del Ministerio no cita en ningún momento a dicha empresa, aunque señala que su decisión es fruto de la investigación de la denominada operación “Sparrow” contra la piratería y por la defensa de los pescadores profesionales en la que fueron inspeccionadas las oficinas de Vidal Armadores y otras empresas en Galicia en marzo pasado. El Ministerio “imputa a varias empresas por la presunta gestión directa de diversas empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, encargadas o bien de la gestión, explotación y propiedad de los citados buques, o bien del ejercicio de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras directamente relacionadas con la actividad de dichos barcos”, añade la nota. También recuerda que la normativa comunitaria contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, “prohíbe expresamente dichas actividades a los nacionales de los Estados miembros”, por lo que subraya que “la responsabilidad recaería sobre las empresas o ciudadanos españoles que, presuntamente, las realizaban a través de diferentes sociedades interpuestas, domiciliadas en Belice, Panamá y Suiza”.

El Ministerio también estudia “posibles acciones legales para hacer frente a aquellas empresas que han prestado servicios o apoyo a las actividades de los citados buques ilegales, como pueden ser el suministro de combustible, pertrechos u otros materiales de apoyo, o la prestación de servicios financieros o el aseguramiento de los buques y las cargas”, añade el comunicado.

El buque “Taishan”, del que las autoridades creen que se trata en realidad del pesquero “Kunlun”, se encuentra anclado en el puerto de la isla de Phuket desde el pasado 15 de marzo por decisión de las autoridades tailandesas, que acusan a la tripulación de falsa declaración de la mercancía de pesca. n