El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, anunció ayer la inclusión en el orden del día de la Comisión Provincial da Vivenda, que se reúne hoy, de la aprobación de la cesión en régimen de alquiler social de una vivienda para la mujer y su hijo de 16 años sobre los que pesa la ejecución de un desahucio en Ferrol.
El gobierno autonómico asegura que la reacción “foi inmediata” una vez que se recibió el perceptivo informe de a concejalía de Servicios Sociales, que entró en el registro el pasado 20 de enero, “a pesar de que a situación era de coñecemento público desde moito antes”, asegura.
El órgano recuerda que fue la propia Xunta la que solicitó el 23 de diciembre información al Concello sobre este caso particular y asegura que el departamento de Benestar Social de Ferrol aún completó ayer la información requerida.
Este anuncio se produce una semana después de que el ayuntamiento ferrolano anunciase la firma de un decreto para adjudicarle provisionalmente una vivienda de titularidad municipal en el barrio de Recimil a dicha familia, que contaban con la orden de desahucio para el próximo 18 de febrero.
La concejala Saínza Ruiz explicaba que se trataba de una “concesión temporal en precario” por ser un caso de extrema urgencia y hasta que la mujer encontrase otros recursos con mejor habitabilidad.
La edil instaba así a la Xunta a actuar en este caso, poniendo a disposición de los afectados una vivienda, por ejemplo, en el Bertón, donde el gobierno autonómico posee 1.500 viviendas de nueva construcción.

caso similar
Ovidio Rodeiro también anunció ayer que junto con el caso de Ferrol, también se va a poner a disposición una vivienda de alquiler social a la mujer y su hija que serán desahuciadas de su vivienda en Miño por la reclamación de un familiar, propietario del piso.
Aunque el Concello de la localidad articuló también una solución provisional para los próximos tres meses, la Comisión de Vivenda propondrá hoy el acceso a uno de los pisos del programa “Vivendas Balerias”.
Tanto en el caso de Ferrol como en el de Miño, las viviendas proceden de los acuerdos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) con la Sareb y Abanca que recogen el uso de estos domicilios por un período de un año, prorrogable por tres más.
Se trata de pisos con un alquiler social máximo de 125 euros y la consellería determinará, mediante el pertinente estudio, la capacidad económica de cada familia antes de proponer la renta que deberá abonar por la ocupación del apartamento.
El delegado territorial de la Xunta en A Coruña manifestó su satisfacción por “ter a oportunidade de ofrecer solución a quen realmente precisa axuda”, y recordó que el gobierno gallego está llevando a cabo un paquete de doce medidas sociales para atender a las personas con necesidades más urgentes.
Ovidio Rodeiro hizo un llamamiento a que “os concellos que aínda non se adheriron ao programa de “Vivendas Baleiras” –como es el caso de Ferrol– reflexionen sobre as necesidades reais das persoas”.
Precisamente, hace unos días Saínza Ruiz anunciaba que se está estudiando la posibilidad de unirse a ese convenio, pero teniendo en cuenta que Ferrol “é o segundo parque de vivendas públicas máis grande do estado”, por lo que el gobierno municipal cree que el acuerdo tiene que tener unas condiciones especiales. “Non temos ningún problema en facer ese informe social sobre as condicións de extrema vulnerabilidade e asinar ese acordo, pero precisamos de reprocidade por parte da Xunta –que diga cantas cumplen as condicións de habitabilidade– para encher as vivendas”, aseguró Ruiz.