El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, fue detenido, junto a otras cinco personas, tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varios contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra en una causa abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

El resto de detenidos en la denominada operación Alquería son los cogerentes de Divalterra (la antigua Imelsa), Agustina Brines (de Compromís) y Javier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación, entre ellos el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego.
Rodríguez es también alcalde de Ontinyent y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, uno de los jóvenes con más proyección dentro del partido en los últimos años y que preside la Diputación desde 2015 con Compromís y Esquerra Unida como socios de gobierno.
Según las estimaciones del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Rodríguez, sus dos asesores y Cuerda pasarán previsiblemente mañana a disposición del juez instructor que coordinó la operación Alquería, desarrollada desde las 07.30 horas entre Valencia y Ontinyent.

Denuncia de Anticorrupción
La causa se inició este año tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y en ella se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015.
Divalterra nació como Imelsa en 1995, bajo el mandato del PP, como empresa de gestión forestal, pero con el cambio de gobierno se modificó el nombre para desvincularla de los procesos judiciales del llamado caso Imelsa y se le ampliaron sus competencias para abarcar más áreas de promoción económica y ambiental de la provincia.
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicaron registros en la Diputación, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent –con Rodríguez escoltado por varios agentes– y en la sede social de Divalterra.
El instructor autorizó también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.

En el dispositivo, que se activó con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, participaron, además de los agentes de la UDEF desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, según el TSJCV.
Las reacciones políticas fueron desde la cautela pedida por los partidos que sustentan el gobierno de la Diputación hasta la exigencia de dimisión de Rodríguez por parte del PP y de Cs.
Precisamente este último partido reveló que denunció el pasado abril ante la Fiscalía posibles irregularidades en contratos de alta dirección en Divalterra, lo que según su portavoz en la Diputación, Mari Carmen Peris, ha propiciado la operación Alquería.
En marzo, Cs ya pidió la convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración de esta empresa pública por las responsabilidades que se pueden derivar por la publicación en un diario valenciano de un dossier que cuestiona las cuatro contrataciones de alta dirección.