Los transportistas estudian judicializar el cierre de la central de As Pontes

GRAF722. AS PONTES (A CORUÑA), 17/12/2019.- Unas 250 personas han completado este martes la última etapa de la marcha a pie por una "transición energética justa" desde As Pontes (A Coruña) hasta la ciudad herculina, dond
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El colectivo de los transportistas de carbón, uno de los más afectados por el estado de parálisis en la actividad de la central térmica de As Pontes, está estudiando la posibilidad de llevar su situación a los tribunales ante una posible vulneración de sus derechos laborales. Los profesionales, que durante la mañana de ayer concluyeron la marcha a pie desde la planta pontesa a la ciudad de A Coruña, apuntaron que llevan más de medio año sin trabajar –y por tanto sin cobrar– pese a tener un contrato laboral.

“Estamos haciendo presión antes de tener que ir a los juzgados, pero mañana o pasado mañana tendremos una reunión con todos los transportistas y tomaremos decisiones para ver si les damos una oportunidad más o vamos directamente a los tribunales”, apuntó ayer el presidente de la Asociación del Colectivo de Transporte del Carbón, Manuel “Cholo” Bouza.

75 kilómetros a pie

La jornada de ayer supuso la finalización de la marcha de 75 kilómetros a pie entre la central de As Pontes y A Coruña que representantes del colectivo de camioneros, de los trabajadores de la propia central y compañías auxiliares y multitud de vecinos, iniciaron la pasada semana. En un principio, la comitiva tenía planeado realizar el último tramo, entre Oleiros y la ciudad herculina, el pasado viernes –comenzaron el lunes, con una etapa de unos veinte kilómentros por día–, pero las malas condiciones meteorológicas de aquel día –con una alerta naranja activada– obligaron a suspenderla.

Así, cerca de 250 personas –cien más de las que iniciaron la marcha– retomaron, en torno a las once de la mañana, el trayecto en el municipio de Oleiros, atravesando el Ponte da Pasaxe hasta llegar a la calle Rosalía de Castro, donde se encontraba el Viceconsulado de Italia. Una vez allí, la comitiva se unió a una delegación del comité de crisis de As Pontes –compuesta por representantes del ámbito político, económico y social de la localidad–, presidida por el alcalde de la villa, Valentín González Formoso, para realizar una concentración y leer un comunicado.

La elección del Viceconsulado como punto culminante de la protesta no fue casual, dado que el propietario del 70% del capital social de Endesa, el grupo público Enel, es italiano. Desafortunadamente, el vicecónsul, Milani Francesco, no se encontraba en la ciudad en ese momento, pero trasladó a González Formoso su intención de mantener un encuentro con él en As Pontes la próxima semana.

Cien días encerrados

La actividad en la central pontesa quedó paralizada por orden de la empresa a finales de abril, cuando el incremento en el coste de emisión de CO2 se disparó a causa de la entrada de especuladores en el mercado europeo –una situación de la que los expertos llevan más de un lustro advirtiendo–. Desde entonces, los colectivos de transportistas de carbón y de trabajadores de la planta y las industrias auxiliares dieron comienzo a una campaña de protestas que a día de hoy sigue en pie.

Sin embargo, una de las medidas de mayor repercusión, el encierro de profesionales en los ayuntamientos de As Pontes y Ferrol, cumplió ayer cien días sin una perspectiva de solución clara. El presidente del colectivo, Manuel Bouza, afirmó ayer que tenían “derecho a reclamar como cualquier ciudadano”, dado que durante todo este tiempo “el 90% de los camiones [permanecen] parados”. En este sentido, Bouza exigió a la empresa que “si quieren parar, que paren, pero que avisen antes de tomar decisiones para que no nos arruinen a todos”. Y es que muchos de estos profesionales, ante la perspectiva de inicios de año de adaptación de la planta a la normativa de emisiones europea, renovaron su flota para hacerla más sostenible, cargándose de deudas apenas unas semanas antes de que decretase el cese en la actividad de la central.

Trabas de Endesa

Según adelantó ayer el alcalde de As Pontes, Valentín González, desde la comisión “empezamos a ver el compromiso del Ministerio de Transición Ecológica y de la Xunta”, siendo la propia Endesa la encargada de dar el siguiente paso –especialmente en lo referente a la reevaluación de los resultados de las pruebas con biocombustible–.

Del mismo modo se expresó el comité de empresa de la planta, que afirmó que era la eléctrica la que estaba “poniendo trabas”.

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