El ingreso mínimo vital (IMV), renta con la que el estado pretende combatir la pobreza y que será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros, según adelantó ayer el titular de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá.

En una entrevista que ayer publicaba “El Periódico”, el ministro explica que el ingreso vital llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas.

El Gobierno se plantea que, en primera instancia, el IMV llegue a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes.

Esa cifra, precisó el ministro, “se corresponde con el 20% más pobre de la sociedad española”. “Ahí hay unos 600.000 hogares, según nuestras estimaciones. Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75% de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda”, agregó Escrivá.

El acceso a esta prestación lo tendrán aquellos hogares que tengan unos ingresos y un patrimonio “por debajo de un umbral” que el Gobierno va a fijar “para cada una de las catorce tipologías” que definirá, “sin tener en cuenta la vivienda habitual”, puntualizó. “Complementaremos la renta de esos hogares hasta el umbral de renta mínima que resulte en cada caso”, indicó.

Tope patrimonial

El ministro también adelantó que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir acceder al ingreso. Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros. “Será menor”, dijo Escrivá, quien sin embargo no avanzó la cuantía.

Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro indicó que, inicialmente, “para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por catorce pagas”.

“Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental”, remarcó Escrivá.

A partir de los 461 euros para un hogar formado por un adulto se aplicará una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, “con un añadido para los hogares monoparentales, que en un 80% son mujeres”, matizó.

Consenso autonómico

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que el ingreso mínimo vital es una prestación que “está siendo dialogada y coordinada con las comunidades autónomas”.

“Tiene que contar con ese consenso que permita que el ciudadano único, viva donde viva, tenga derecho a que pueda recibir un colchón de seguridad que le permita insertarse en el mercado laboral”, señaló. Para la ministra Montero, esta nueva medida social “supondrá un antes y un después en la lucha contra la desigualdad”. l