La Fiscalía belga pide que se entregue a Puigdemont por sedición y malversación

GRAF8309. BARCELONA, 28/10/2019.- Los Mossos d'Esquadra han restringido los accesos a la estación de Sants de Barcelona por la nueva concentración que han convocado los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), que
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La Fiscalía belga aboga por entregar a España al expresident Carles Puigdemont por los delitos que recoge la euroorden en su contra, sedición y malversación, informó uno de sus abogados, el belga Simon Bekaert.

Bekaert señaló que este posicionamiento de la Fiscalía, en línea con la petición del Tribunal Supremo español, figura en alegaciones escritas ya presentadas ante la vista sobre la euroorden reactivada contra Puigdemont, convocada para hoy ante un tribunal de primera instancia.

Según el letrado, la Fiscalía cree que “a primera vista” Puigdemont puede ser entregado a España por estos dos delitos, para los que según la normativa de la euroorden debe encontrarse una equivalencia en los códigos legales belgas.

 

Pedir un aplazamiento

La defensa del expresidente de la Generalitat señaló en todo caso que pedirá un aplazamiento de dicha vista para poder presentar observaciones por escrito.

Puigdemont está citado a responder a puerta cerrada ante un tribunal neerlandófono de la Cámara del Consejo por la euroorden reactivada contra él por el Supremo por los delitos de sedición y malversación tras publicarse la sentencia sobre el referéndum secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

No obstante, el letrado confirmó que solicitarán al juez un tiempo adicional para presentar alegaciones por escrito sobre asuntos como la inmunidad parlamentaria que alega Puigdemont como miembro electo del Parlamento Europeo, algo que rechazan la propia Eurocámara, la Comisión Europea y España.

Bekaert se mostró confiado en que el juez concederá este aplazamiento, que según sus cálculos podría posponer esta primera vista del proceso hasta el mes de diciembre.

Puigdemont acudirá mañana a las 09.00 horas ante este juzgado de primera instancia para comparecer después de que el juez instructor dejara al expresidente de la Generalitat en libertad sin fianza pero con medidas cautelares, exigiéndole que declare una residencia fija, que esté a disposición de las autoridades judiciales en todo momento y prohibiéndole salir de Bélgica.

El tribunal decidirá si acuerda la entrega o no a España de Puigdemont, decisión ante la que cabe recurso en apelación, primero, y en casación, después. El plazo normal del proceso es de un máximo de 60 días que pueden ampliarse a 90, si bien podría prolongarse excepcionalmente.

 Mientras, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, señaló ayer que los altercados y disturbios entre manifestantes y policía “hacen visible el conflicto” catalán dado que “el mundo es como es”, y insistió en que “al final, el principal responsable de la violencia es el Estado”.

En declaraciones a TV3, tras ser preguntada sobre si las escenas de conflictividad en las calles pueden perjudicar al independentismo, Paluzie señaló que “de momento, las encuestas no lo indican así” y que es “evidente” que estos “incidentes” sitúan el debate político en la prensa internacional.

Apuntó en este sentido, que el Tribunal Supremo condenó “a un movimiento absolutamente pacífico y democrático a dos dígitos (de penas de cárcel) por organizar un referéndum de autodeterminación” y por “haber intentado la independencia por medios democráticos y pacíficos”.

 

El modelo de Hong Kong

Paluzie insistió en la necesidad de la “movilización constante”, siguiendo el modelo de las protestas de Hong Kong, siempre con “acciones en clave de lucha no violenta” que sin embargo deben tener “el objetivo político de desgaste del Estado”.

Criticó a la clase política, al considerar que su “respuesta política e institucional” a la sentencia contra los líderes independentistas llegó “muy tarde”, mientras que la ANC y Ómnium, a pesar de sus diferencias, sí lograron movilizaciones unitarias, dijo.

Mientras, los juzgados de Barcelona recibieron hasta las 18.00 horas de ayer 188 denuncias de autoinculpación por el 1-O en el marco de la campaña impulsada por Ómnium. En el resto de juzgados de Cataluña, la Sala de Gobierno limitó a 25 la aceptación diaria de autoinculpaciones, para permitir que estos órganos puedan atender sus tareas.

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