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jueves | 25 abril | 2024
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha detectado rentas no declaradas en el IRPF del exministro de Economía Rodrigo Rato “por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros” entre los años 2004 y 2015. Esto supone que el que exdirector del FMI defraudó cuotas por un importe total cercano a los 6,8 millones de euros, que fueron superiores a los 120.000 euros –limite a partir del cual se incurre en delito fiscal– en todos los años de este período, salvo 2005, según el documento entregado el pasado 23 de enero al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Plaza Castilla y que instruye la causa de patrimonio de Rato.
La ONIF considera que entre 2009 y 2015, período de las cuotas supuestamente defraudadas, estas alcanzan “los 5,4 millones” y proceden de ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero, actividades económicas en su calidad de asesor o consultor de empresas o como conferenciante, o gastos de su actividad empresarial no deducibles.
Rato fue titular de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway Limited y la española ubicada en Sotogrande (Cádiz) Vivaway Lted y, según el informe –de 642 páginas–, las habría utilizado para ocultar las rentas y el patrimonio financiero que no fueron sometidos a control fiscal hasta el año 2013. Las rentas no declaradas apreciables en transferencias bancarias internacionales ascienden a un importe superior a los 7 millones de euros.
A los pocos meses de llegar a la Vicepresidencia del Gobierno, que asumió en 2003, Rato constituyó, con sus dos hermanos, la sociedad dedicada a la publicidad Cor Comunicación, cuyo control adquirió por completo en 2013. El informe concluye que esta sociedad contaba con dos proveedores (Grupo Macal y Media House), que a su vez pagaron rentas a Montelayos y a su filial Layosalud, y atribuye al propio Rato la titularidad de esta última. Precisamente fue Layosalud la que promovió la construcción de un hotel de cinco estrellas en la localidad toledana de Layos y por cuya explotación recibió en 2003 una subvención algo inferior al millón de euros por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida en ese momento por él mismo.
El documento de Hacienda determina que el acusado utilizó la sociedad Montelayo (que pertenece a su socio Miguel Ángel Montero Quevedo) para canalizar las rentas que partían de Cor y que tenían como destino la construcción del hotel de lujo. El importe de tales rentas no declaradas asciende a 3,5 millones de euros. La parte final del informe añade otras dos operaciones en las que apunta que se ha cometido delito de blanqueo de capitales que son, además del hotel en Layos, un hotel en Berlín, con una inversión de seis millones de euros, y un chalet en Cabueñes (Asturias), con una inversión superior a los 70.000 euros.
Por otro lado, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez Antonio Serrano-Arnal, que instruye la causa por el patrimonio de Rodrigo Rato, que incoe diligencias previas contra el excuñado de este Santiago Alarcó por la supuesta comisión de un delito en la venta del Palacete de Vegas de Matute, en Segovia.
Una sociedad de la que era apoderado compró la finca muy barata a Bankia y obtuvo más de 200.000 euros de beneficio al venderla. n
