La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Fernando Andreu, que instruye el caso “Bankia”, que se cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a Bolsa, entre ellos el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura. También pide que se cite al exsubgobernador del banco de España y exresponsable de la comisión reguladora Fernando Restoy.

En un auto dado a conocer ayer, los magistrados admiten parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez instructor Fernando Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a Bolsa de la entidad financiera. Esta acusación popular ha venido insistiendo en varias ocasiones en la imputación de la antigua cúpula del Banco de España por la salida a Bolsa de la entidad nacionalizada, si bien el instructor siempre se negó a citarles. Además de a Fernández Ordóñez y Segura, la Sala acuerda que se cite también como investigados a los responsables del Banco de España Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui, y de la CNMV Fernando Restoy.

Precisamente, García-Canturri, Comín y González presentaron ayer su renuncia.

En sus escritos de renuncia, “expresan su deseo de no permanecer en sus cargos con el fin de que su citación para declarar como investigados en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España”.

El auto de la Audiencia Nacional considera procedente la petición de los recurrentes de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a Bolsa y que, según aquellos, la autorizaron “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”.

La Sala analiza la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa del inspector del Banco de España José Antonio Casaus y califica de “razonable” y “razonada” la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.