La Policía Local comenzará a inspeccionar las terrazas instaladas sin licencia la próxima semana. Así lo confirmaba ayer la concejala de Urbanismo, María Fernández, tras haber acordado con los técnicos cómo realizar este proceso. Los agentes tienen un listado de todos los negocios que están en trámites de legalizar su situación (todas estas instalaciones deberían estar adaptándose a la normativa municipal y hay 164 solicitudes pendientes de resolución), a los que se dará un margen amplio de tiempo para que puedan tener su licencia en vigor, y pedirán los papeles a los que no estén incluidos en esa nómina. Para estos, las multas por tener una terraza instalada sin licencia, según la ordenanza, oscilan entre 1.501 y 3.000 euros. Se aplicarán con rigor porque “para gestionar esta licencia han tenido los hosteleros 16 meses”, explica Fernández Lemos.
La edila diferencia con claridad entre los que han empezado la tramitación y los que no lo han hecho. “Es una infracción grave instalar una terraza sin autorización. Una cosa es que se esté en trámites y estemos intentando subsanar las deficiencias que hay con acuerdos con los hosteleros y otra es que no hayan solicitado nada y estén utilizando la vía pública para un negocio”.
La aplicación de la ordenanza de terrazas, pendiente desde su entrada en vigor en septiembre de 2014, se hace con protestas desde el sector, que se encuentra con que tienen que adaptar instalaciones que ya existían a una norma que, en cumplimiento de la legislación estatal sobre accesibilidad, los obliga a separar las mesas y sillas de las fachadas a una distancia mínima de 1,80 metros. Las normas respecto a los elementos de protección de sol, viento y lluvia o sobre la presencia de publicidad también han molestado y se consideran un agravio comparativo respecto a la situación de municipios vecinos y de otras ciudades.
Desde Urbanismo se defiende la obligatoriedad de aplicar una norma que consideran lo suficientemente flexible y que quieren adaptar a cada barrio de forma consensuada. En el caso de aceras que por su ancho no puedan tener terrazas, se plantea incluso la posibilidad de utilizar para este fin el aparcamiento que haya delante del establecimiento, si así lo permiten los informes de la Policía. Además recuerdan que los demás municipios también tendrán que cumplir la normativa estatal sobre accesibilidad.
Las terrazas de la ciudad se encuentran en una situación de provisionalidad desde que se aprobó la ordenanza. De hecho, a excepción de las que se ubicaron temporalmente en verano en calles cortadas al tráfico, en el 2015 no se han cobrado las correspondientes tasas.