11º-18º
sábado | 20 abril | 2024
La exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, declaró en un comunicado su “absoluta inocencia” con respecto a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con su actuación en el caso de los ERE fraudulentos.
Álvarez, tras conocer que la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, le ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones de euros, recordó que su imputación no es firme, por estar pendiente de un recurso de apelación presentado ante la Audiencia y cuya fecha de deliberación está fijada para el próximo 23 de abril.
“Conviene recordar que un primer auto de imputación, con fecha de 28 de junio de 2013, fue declarado nulo de pleno derecho por este mismo órgano jurisdiccional”, señala el comunicado, que añade: “Queda, pues, totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil justo antes de que se resuelva dicho recurso sobre el fondo del asunto, sobre si existe o no delito”.
sin medidas cuatelares
Álvarez también recuerda que “en ningún momento” ni el Ministerio Fiscal ni la Junta de Andalucía ni la Abogacía del Estado consideraron necesaria ni oportuna la adopción de medida cautelar alguna.
“Han transcurrido seis meses desde que presté declaración ante la jueza por segunda vez y dicha dilación resulta inexplicable desde un punto de vista de seguridad jurídica, tratándose además de una medida a todas luces desproporcionada”, añade la exconsejera y exministra.
Álvarez señaló que su actitud ha sido en todo momento de colaboración total con la investigación, que se personado incluso antes de ser oficialmente notificada, que ha acudido a declarar en dos ocasiones y que ha contestado a todas las preguntas que se le han formulado.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 29.568.129 euros a la exministra como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década.
Un auto de la juez Mercedes Alaya calcula esa cifra “grosso modo” teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía desde 1994 hasta febrero de 2004.
en connivencia
Alaya la considera artífice, “en connivencia con otros”, de un “procedimiento ilegal de concesión de subvenciones” que se prolongó entre 2000 y 2011.
También ha establecido la juez una fianza de 22.176.096 euros para el que fue viceconsejero de Hacienda mientras Álvarez estuvo al frente de ese departamento, José Salgueiro, y otra fianza de 8.870.438 euros para el que fue secretario general técnico de la Consejería de Hacienda durante el mismo periodo, Antonio Estepa Giménez.
El auto señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y que las fianzas se han calculado siguiendo el principio de proporcionalidad en su triple vertiente de “gravedad, necesariedad e idoneidad”.
