La adjudicación del servicio de apoyo a la movilidad para personas con discapacidad o en situación de dependencia a la UTE integrada por Monforte, Castromil y Rías Altas SA por parte de la Consellería de Política Social que dirige el ferrolano José Manuel Rey Varela ha sido denunciada por la CIG, que considera que se ha tenido en cuenta el aspecto económico por encima del social en un contrato público de estas características.
De este modo, el sindicato recuerda que en la comarca el servicio corría a cargo de una UTE en la que el personal era aportado por Coinco, un centro especial de empleo con personal con algún tipo de discapacidad.
La nueva adjudicataria, según asegura la CIG, no tiene intención de subrogar al personal, aunque el convenio de aplicación cuenta con una cláusula en este sentido, primando lo económico sobre lo social.
La CIG critica que sea precisamente esta Consellería de Política Social, en concreto la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con discapacidade, la que “deixe sen emprego a persoas para as que en teoría debería buscar a súa inclusión social”. Desde la Federación de Transporte de la CIG exigen a la Consellería de Política Social que tome medidas al respecto.
El pasado mes de diciembre, , ya se apuntaba desde el área de Rey Varela que se requeriría la presentación del personal adscrito al servicio, en cumplimiento de la normativa laboral y de los convenios colectivos que sean de aplicación y, en cuanto a la subrogación, se señaló que es una cuestión que deberá suscitarse ante la jurisdicción laboral correspondiente.
El servicio de transporte adaptado está previsto que comience en febrero.