El gobierno llevó al Juzgado el “pacto da vergoña” por las dedicaciones

Los pasillos del juzgado de lo Contencioso Administrativo se parecían ayer bastante a los de un día cualquiera en el Palacio Municipal. De hecho, por ellos pasaron durante la mañana hasta nueve concejales, además del propio alcalde, Jorge Suárez. Tres, además del regidor, acudieron en calidad de testigos y los cinco restantes como firmantes de la demanda, a través de la cual se pide la anulación del acuerdo plenario del 24 de noviembre del pasado año, por la que se procedió a un reparto de dedicaciones en el Concello, que deja al gobierno local con tres  –más la del alcalde– frente a las ocho de la oposición.
Tras las declaraciones, los abogados–el de los ediles denunciantes es Jesús Porta– disponen de diez días para presentar las conclusiones y después la jueza, que utilizará las declaraciones de los testigos como prueba dictará sentencia.
Ayer testificaron el alcalde, Jorge Suárez;  la edil no adscrita pero integrada en el ejecutivo, Rosa Méndez; el portavoz del BNG, Iván Rivas y la responsable de Ciudadanos en el Concello, Ana Rodríguez Masafret. Como público asistieron los firmantes de la denuncia –los concejales de Ferrol en Común, Saínza Ruiz, Suso Basterrechea, Luis Victoria, Álvaro Montes y María Fernández (no adscrita)–.
El regidor, Jorge Suárez, relató que en julio de 2015 se propuso un incremento de las dedicaciones exclusivas para facilitar el trabajo del gobierno y la oposición pero después se produjo la crisis del gobierno entre PSOE y Ferrol en Común por discrepancias políticas. El detonante de la ruptura salió a la luz pública en las declaraciones judiciales, apuntando a Beatriz Sestayo, portavoz del grupo socialista, como desencadenante del problema, al querer nombrar, indicó el alcalde, “como gerente de Urbanismo a una persona sin la cualificación ni experiencia necesaria”. La oposición de la edil del área de Urbanismo –María Fernández– a dicho nombramiento fue, según explicó Suárez, lo que motivó que Sestayo “exigiese que se le retirasen las competencias a Fernández”.
Revancha socialista
De hecho, el alcalde indicó en su declaración que la enmienda del grupo socialista a una propuesta sobre el reparto de dedicaciones exclusivas planteada por el ejecutivo y que acabó con la disminución de éstas al gobierno y el aumento a la oposición –con  los votos de PSOE y PP– responde, por parte del PSOE,  a un castigo “por un supuesto transfuguismo” –las concejalas expulsadas del grupo socialista permanecieron en el gobierno– y, por parte del PP, a razones “meramente económicas”.
El regidor reivindicó, a la salida del Juzgado, que el juicio no tiene motivaciones económicas, sino políticas y que lo único que se reivindica es “poder desenvolver con normalidade o noso traballo diario”. Definió el acuerdo entre PSOE y PP como “un pacto da vergoña”. El ejecutivo reivindica “o dereito a poder gobernar con total garantía e liberdade esta cidade  e para iso é necesario un reparto equilibrado das dedicacións, sin negarllas á oposición”. 
En el momento actual, con tres dedicaciones el gobierno y ocho la oposición, el alcalde calificó la situación como “máis que surrealista, é insólito na democracia de calquer municipio de Galicia”.
La también concejala del gobierno Rosa Méndez –considerada no adscrita aunque en el juicio se presentó como edil del PSOE– hizo hincapié en los mismos planteamientos del alcalde, señalando como punto de inflexión el nombramiento del gerente de Urbanismo y, como consecuencia, la calificación por parte de Beatriz Sestayo de “tránsfugas” y su petición de retirada de atribuciones a Fernández Lemos y de su dedicación exclusiva. l