Técnicos de la ONIF (Oficina Antifraude dependiente de Hacienda) ratificarán el miércoles el informe que acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria unos 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.

Según informaron a EFE fuentes jurídicas, también declarará el asesor fiscal Fernando Sedano, investigado por las presuntas irregularidades en el cobro de la remuneración del exministro por su labor en Telefónica. Todo ello cuando han transcurrido dos años de la detención del exbanquero tras el registro de su domicilio durante más de tres horas en las que agentes de Aduanas incautaron multitud de documentación en busca de pruebas por presuntos delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes.

Las últimas comparecencias se producirán en un momento clave para el futuro procesal de Rato, después de que la Guardia Civil detectase que varias de las empresas privatizadas en los años en los que fue ministro de Economía (1996-2004) pagaron casi 83 millones de euros a sociedades presuntamente relacionadas con su familia.

Así consta en el último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) al que tuvo acceso EFE, que detalla que los abonos de estas empresas, entre las que se encuentra Endesa, Telefónica o Repsol, ascienden a un total de 82,96 millones, de los cuales 28,9 millones se abonaron durante los años en los que formó parte del Gobierno de José María Aznar.

Estos fondos tendrían como destino cinco sociedades familiares, principalmente Cor, empresa que el exministro no reconoce como suya en aquella época y a la que iban a parar los pagos de las privatizadas, ya que facturó 67,6 millones.

De ellos, 61,88 millones procedieron de Endesa, 2,20 millones de Paradores, 1,13 millones de Repsol, 982.294 de Aldeasa, 523.128 de Logista, 275.965 de BBVA, 194.719 de Retevisión, 131.162 de Telefónica, 104.576 de Azucarera, y 88.500 de Iberia.

Según la UCO, durante los años en los que Rato integró el Gobierno, Cor ingresó de las empresas privatizadas 15,2 millones, cifra que se eleva hasta 67,60 millones hasta 2014, una década después. Al margen de dicho documento, que aprecia delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, el juez pretende conocer este miércoles la opinión de los técnicos de la ONIF sobre el informe remitido el pasado febrero y que sostiene que Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015, período en el que habría defraudado hasta 6,8 millones.

Fraude

A lo largo de los años variaron las cantidades defraudadas, que alcanzaron en 2011, 2013 y 2014 las cifras más altas, en torno a 1,2 millones de euros cada ejercicio. El exministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde abril de 2015, habría cometido el fraude mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”, unas hipótesis que Rato ya refutó en un peritaje con el que trató de desmontar los supuestos delitos fiscales que se le achacan. l