11º-18º
sábado | 20 abril | 2024
El rey llegó a la sede del Tribunal Supremo, donde ayer se celebró la apertura del año judicial, entre los los abucheos, gritos y pitidos de los funcionarios de la Administración de Justicia que protestaban ante la puerta principal del Supremo contra los recortes.
El lema de la movilización, “Gallardón acaba con la Justicia para todos”, se oponía a las reformas de la Justicia promovidas por el Gobierno porque, según los convocantes, incluyen medidas como las tasas judiciales, que generarán desigualdades en el acceso a los tribunales en función del poder económico de los ciudadanos.
La anécdota de la ceremonia fue un lapsus del rey, quien, tras la intervención de Torres-Dulce, volvió a dar la palabra al fiscal general del Estado, en vez de al presidente del Tribunal Supremo, y, al darse cuenta de su confusión, reaccionó con una sonrisa mientras subsanaba el error.
Durante su intervención el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, advirtió de que no habrá “zonas de penumbra” para los corruptos que “se lucran a costa del interés común”.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, señaló en su discurso que el número de jueces y fiscales es “claramente insuficiente”, y será difícil evitar que ello suponga en los próximos años “un deterioro en el servicio de la Justicia”.
El acto contó con la presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.
También asistieron los presidentes de órganos constitucionales como el Consejo de Estado –José Manuel Romay Beccaría– y el Tribunal de Cuentas –Ramón María Álvarez de Miranda–.
Torres-Dulce constató “una creciente concienciación ciudadana” contra la corrupción que motivó el incremento de las denuncias de irregularidades, “lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social”.
“Vivimos una crisis económica severa y prolongada que erosiona el caudal de ilusión de amplios sectores de la sociedad y puede poner a prueba la solidez del entramado institucional de nuestro país”, dijo Torres-Dulce, quien señaló que ante este riesgo todos los responsables públicos deben permanecer alerta.
Según Torres-Dulce, el panorama se complica aún más cuando a la corrupción pública se une la corrupción privada, en la que los directivos y administradores de sociedades “se prevalen de su condición para lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella”.
Por su parte, Moliner explicó que la importancia de la Justicia como un pilar del Estado que en nuestro país funciona bien, aunque necesite mejorar su agilidad, exige una mayor dotación de medios y ser considerada una cuestión de Estado por los partidos políticos, que deberían llegar a un consenso sobre ella y también en la próxima renovación del Poder Judicial.
