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La trampa de última hora que se inventó Pedro Sánchez

Al final, el Gobierno ha aprobado un decreto para que las comunidades pueden limitar sus derechos fundamentales tras el nueve de mayo y lo hace permitiéndoles que puedan recurrir al Tribunal Supremo, que será el órgano judicial que tenga la última palabra sobre las posibles denuncias de los ciudadanos, pasando por encima de las audiencia territoriales que, hasta ahora, eran las que se encargaban de estos asuntos.