Desde el gobierno gallego aseguran que no la pidieron con anterioridad por entender que "no afectan a los derechos fundamentales".
Los magistrados explican que la Xunta solo envió al tribunal, para su autorización, la orden del 21 de julio, con medidas como la limitación de reuniones, pero no la del 22 de julio, en la que constaba esa obligación de presentar el certificado covid.