Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su defensa ante el pleno del Congreso del decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público.
En ambos casos se había superado el plazo legal de tres años sin cobertura de las plazas que ocupaban.
La norma prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a "trabajadores indefinidos no fijos" como la concesión de una indemnización.
La sentencia establece que lo determinante para acceder a ese sistema no es que el cargo desempeñado sea de carácter fijo o temporal, sino las competencias y el desempeño del personal.
Reivindican que se inspeccionen los puestos que están afectados y que se pare la oferta laboral en curso.