Los tribunales gallegos sumaron 31 demandas judiciales por okupaciones ilegales de viviendas de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social en el segundo trimestre del año, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las encuestas se entregaron ayer a los viajeros y el Concello presentó sus reclamaciones