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El Puerto reclama compensaciones por la pérdida de ingresos del tráfico de carbón

La aceleración de la transición energética ha tenido consecuencias que influyen en los planes de la institución, que está devolviendo los créditos para las obras del puerto exterior y para apoyar la reindustrialización de la comarca y que, a partir de 2023, deberá también reintegrar 80 millones de euros del ferrocarril a Caneliñas.El presidente del Puerto, Indalecio Seijo, trasladó ayer esta preocupación al presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, en un encuentro en Madrid.

Eurodiputados de Galicia y Portugal exigirán compensaciones por cierre frontera

Eurodiputados de Galicia y Portugal presentarán una iniciativa conjunta en el Parlamento Europeo para reclamar compensaciones económicas para los municipios situados a ambos lados del río Miño por el cierre de la frontera.Así se ha acordado en una reunión convocada por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño, en la que han participado los eurodiputados españoles Francisco Millán Mon (PP), Nicolás González Casares (PSOE), Ana Miranda (BNG) y los portugueses José Manuel Fernándes (PSD), María Manuel Rola (BE) y Joao Fereira (PCP).Todos ellos, según ha explicado el vicedirector de la AECT Río Miño, Uxío Benítez, tras la reunión, entienden que en la frontera entre Galicia y Portugal "hay un problema" y que la reducción de los pasos abiertos entre ambas regiones, uno solo abierto las 24 horas, "no tiene sentido".Los eurodiputados coinciden en la necesidad de establecer "mecanismos de compensación" a través de los fondos europeos y de los planes de resiliencia para los territorios que están siendo "doblemente afectados" por la pandemia y por el cierre de la frontera.Ambas partes, eurodiputados y municipios afectados, han acordado crear un "foro estable" para poder hacer un seguimiento a esta problemática que afecta a "miles de personas".Con respecto al mantenimiento del cierre de la frontera hasta después de Semana Santa, Benítez ha lamentado que se vuelva a producir un "escándalo", al tratarse de una decisión que "va a llevar a la ruina" a todo el territorio del Miño."Se sigue obligando a las personas trabajadoras a recorrer distancias kilométricas, a tener gastos de entre 200 y 300 euros más al mes en combustible para acceder a los puestos de trabajo", ha recordado el vicedirector de la AECT Río Miño.Esta decisión demuestra, según el dirigente, que los gobiernos de España y Portugal "siguen demostrando que desconocen la situación transfronteriza", en la que hay una vida económica, unas relaciones laborales y empresariales "que dependen de la apertura de la frontera".