Rebelión a bordo

Sin que sirva de precedente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado  poner de acuerdo a alcaldes tan distintos y distantes como los primeros regidores de Madrid (Martínez Almeida, PP), Barcelona (Ada Colau, En Comú), Cádiz (González  Kichi, ex Podemos), Granada (Luis Salvador, Ciudadanos),  Pontevedra (Miguel Anxo Fernández, BNG), Lleida (Miguel Pueyo, ERC), Bilbao (Juan Mari Aburto, PNV) y Santa Cruz de Tenerife (José Manuel Bermúdez, Coalición Canaria).  Muchos y muy variados colores políticos, como bien puede comprobarse y por sólo citar a los más relevantes.

Pero la ministro de Hacienda, María Jesús Montero, con la inestimable e incomprensible aquiescencia  de su correligionario presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, han logrado el milagro con ocasión del acuerdo suscrito  para la utilización por el Ejecutivo de los remanentes de tesorería o acumulación de superávits de los Concellos. En torno a los 15.000 millones de euros.

Un pacto o convenio que ha agitado las aguas tradicionalmente conciliadoras de la FEMP y que con tonos belicosos ha puesto en pie de guerra al municipalismo: motín de alcaldes, rebelión, ofensiva, levantamiento,  guerra, movilización, asalto. Han sido las expresiones más utilizadas estos días para mostrar el  frontal desacuerdo de los Consistorios –excepto los de obediencia socialista- por un acuerdo considerado como incautación de fondos, expropiación indebida,  chantaje inaceptable y descalificaciones similares.

Ávido de dineros, anda el Gobierno Sánchez raspiñando recursos  económicos de donde puede. Incluso a las bravas. Lo ha hecho con las comunidades autónomas y lo hará con el sufrido ciudadano cuando se ponga en marcha la anunciada subida de impuestos. Ahora les ha tocado el turno a las corporaciones locales, que han tenido la poca fortuna  de contar con un presidente más atento al Gobierno y al partido que a los propios representados. El voto de calidad con que Abel Caballero  cerró el tema en la Junta de la FEMP no  fue de lo más decoroso y presentable. 

El acuerdo contempla la creación de un fondo de 5.000 millones de euros para los Concellos, que se repartirán en forma de ingresos no financieros –no habrá que devolverlos- entre este año y el que viene. Pero esos dineros no llegarán a costa de nada, sino que sólo podrán optar a los mismos aquéllos Ayuntamientos que le presten al Gobierno sus preciados remanentes de tesorería, acumulados durante la última década.  En consecuencia, quienes no tengan liquidez se quedarán fuera.  

Conviene, no obstante, tener presente que una cosa es tal ayuda extra de los 5.000 millones y otra el préstamo de los remanentes; dineros estos últimos que el Gobierno puede devolver hasta en un plazo de quince años; esto es, hasta 2035/37. Inicialmente se anunciaron diez años, pero al final el BOE, que es quien manda, lo dejó ampliado en cinco más. 

¿Esperarán hasta tan tarde los  benevolentes Concellos prestamistas? Difícil resulta que así sea.