Mayor respeto a las urnas

después de un cierto ostracismo mediático, supongo que antoimpuesto, Núñez Feijóo ha vuelto a la primera línea política con ocasión de la convención nacional del PP celebrada en Madrid la semana pasada. Por deferencia a su consideración de barón de barones, Pablo Casado le encargó la coordinación de los trabajos de la misma. Pero bien pudo tratarse también de un gesto amistoso hacia el sector considerado como más aperturista y menos ortodoxo dentro de la tradición del partido.
De sobra es conocido que el presidente del PPdeG y de la Xunta tiene la virtud –o lo que sea– de saber ponerse de perfil, pero al tiempo dejar entrever la realidad de su pensamiento. Muy en su línea, en la convención de Madrid se ha movido con un pie en el marianismo y con el otro en el aznarismo.
Debe de ser complicado eso de caminar a dos bandas y transitar por caminos contrapuestos como son el Aznar “contundente” y el Rajoy “entrañable”. No obstante, sus varias apelaciones al “centro de amplio espectro” y a “ensanchar” las bases del partido permiten atisbar por dónde van a ir sus tiros y sus desmarques de la línea Casado.
Sea como fuere, me quedo con lo dicho por él sobre la necesidad de una nueva ley electoral que respete en mucha mayor medida los resultados de las urnas, de modo que gobierne quien haya ganado la elección de turno. Porque lo sucedido en Andalucía donde segundo, tercer y quinto partido se han hecho con el poder por carambola y por la puerta de atrás, con todos los tiras y aflojas, desprecios políticos y cordones sanitarios que ha conllevado, no ha sido precisamente edificante.
Ejemplo último, pero nada novedoso, porque ese ha sido el campo donde con notable beneficio ha jugado la izquierda desde que en las municipales de 1979 se puso en práctica el sistema. Antecedentes al respecto hay más que de sobra. Baste un dato: de las trece comunidades donde se celebraron las últimas autonómicas (mayo 2015), el PP ganó en nueve, pero gobierna en tres, mientras que el Partido Socialista ganó en dos, pero gobierna en siete.
En representación del PP, la exalcaldesa de Huesca Ana Isabel Alós defendía no hace mucho en el Congreso una razonada y razonable proposición de ley para revertir en las municipales tales anomalías. Y se preguntaba: ¿quién tiene que ser alcalde: el que deciden los ciudadanos o el que deciden los partidos políticos? ¿El que gana o el que pierde? La respuesta parece de cajón.
Miremos finalmente al futuro inmediato: si en un más que previsible escenario de fragmentación política el modelo de supergeometría inestable consagrado en Andalucía se exporta, como se pretendería, a los gobiernos autonómicos y a las capitales de provincia en el mayo electoral que se avecina, el galimatías puede ser espectacular.

Mayor respeto a las urnas

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