Impuestos que vienen

con gran alborozo han celebrado Pablo Iglesias y su correligionaria ministro de Trabajo, Yolanda Díaz, la aprobación en Consejo de ministros (martes 18), publicación en el Boletín Oficial del Estado (miércoles 19) y entrada en vigor (jueves 20) del decreto ley –el cuarto en lo que va de año-  por el que se deroga el despido objetivo por acumulación  de faltas de asistencia al trabajo: artículo 52.d del Estatuto de los trabajadores. 
Tres relevantes pasos  en otros tantos días. Siete páginas del BOE, seis de ellas dedicadas a una farragosa exposición de motivos, de enormes párrafos, lo cual viene a demostrar,  entre otros muchas cosas, que el rigor legislativo no es el fuerte de la formación podemita, como se ha comprobado también a propósito del pretendido proyecto de ley de libertad sexual promovido por el Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero.
“Vamos desmontando la reforma laboral de 2012, del Partido Popular”, ha festejado la ministro. “El PP introdujo el despido por causa médica, que llevaba a la gente trabajadora a tener que ir a trabajar incluso enferma”, sentenció en un tuit Iglesias. No se sabe si el líder de Podemos se expresa así por falta de información o por pura demagogia populista. No se sabe tampoco qué sería peor.
Y es que el punto ahora derogado ya se incluía en el Estatuto de los trabajadores de 1980 (Gobierno UCD, de Adolfo Suárez); el PSOE lo mantuvo intacto en la reforma de 1995  (Gobierno Felipe González); con Rodríguez Zapatero (2010) se le hizo más permisivo rebajando exigencias, y parte importante de la modificación promovida por el PP hace ahora ocho años fue al contrario:  para dificultar esta modalidad del despido por causas médicas; reforma esta última  que contó en su día (julio 2014) con el aval del Tribunal Constitucional. Es decir, que cada palo aguante su vela y su responsabilidad.
Por lo demás, conviene recordar que, según cifras que maneja la CEOE, el año pasado apenas se produjeron treinta despidos por acumulación de faltas de asistencia justificadas. Y si se compara el tamaño de la población activa (23.158.800 personas, según la última EPA) con la treintena de los expedientes observados en 2019, resulta que los casos registrados afectaron apenas al 0,0001 por ciento de activos de nuestro país. ¿Tiene, pues, mucho sentido el alborozo desmedido de las huestes podemitas?Mucho peor es el hachazo fiscal que se nos viene encima,  con la luz verde dada por el Gobierno a las tasas Google (gravamen sobre determinados medios digitales) y Tobin  (transacciones financieras) y que suponen  el pistoletazo de salida a otra serie de alzas tributarias que el Gobierno superprogresista de PSOE/Podemos (¿o viceversa?) tiene en programa y en cartera. 
Subida de impuestos que, según los expertos, previsiblemente dañará la economía sin conseguir los objetivos estimados de recaudación previstos. En consecuencia, más déficit y más deuda.