Sanidad universal

Es muy fácil destruir en poco tiempo lo construido en muchos años de esfuerzos colectivos. Viene esto a cuento porque el Parlamento convalidó el Real Decreto-ley que recupera la sanidad universal para todos los españoles y residentes en España, restringida, previamente, por Rajoy a quienes fueran asegurados de la Seguridad Social. A pesar de todo, el efecto de la restricción fue amortiguado, excepto, para los migrantes, gracias a que las Comunidades Autónomas, titulares de los Servicios de Salud, se encargaron de enmendar semejante barbaridad, independientemente, que estuvieran gobernadas por el PP u otras formaciones políticas. 
Nos alegramos de la reposición de la universalidad, pero no es suficiente. Aún queda por reconstruir mucho de lo destruido para recuperar la igualdad de acceso a la sanidad pública que garantiza el artículo 43 de la Constitución. Para ello, quiero incidir en dos aspectos, creo que claves.
En primer lugar, eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas y recuperar la prescripción pública de algunos medicamentos. Las prescripciones a los mayores de 65 años suponen más del 78% de las recetas y del gasto, consecuencia lógica de la pérdida de salud con la edad. La pensión media es el 58,5% del salario medio; en Galicia, unos 890 euros. Aportar un tope de 8,23 euros al mes para la mayoría de ellos no parece ser mucho, pero si le añadimos el importante volumen de fármacos que dejaron de financiarse, por estar indicados para síntomas menores, y que, consecuencia inmediata, aumentaron su precio, les supone un esfuerzo de renta titánico. Véase la cantidad de fármacos recetados y no retirados de las farmacias por nuestros abuelos.
En segundo, lugar, recuperar los presupuestos para la sanidad pública. Desde el inicio de la crisis, se perdió más del 15% de su consignación, que afectó a la cantidad y calidad de la atención sanitaria. Su reflejo inmediato es la limitación del acceso indicado por el aumento de las listas de espera, la caída de la inversión en un sector altamente innovador y la pérdida de profesionales para atender una demanda creciente derivada del envejecimiento poblacional.
Una vez más, acordar un nuevo sistema de financiación autonómica es clave. La sanidad supone más del 30% de los presupuestos autonómicos y, sin un horizonte económico despejado, es complicado invertir en salud.
La sanidad puede ser la vocación de muchos profesionales sanitarios, pero, con seguridad, es un derecho constitucional que garantiza el bienestar y la igualdad de los españoles.
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