Quién lo iba a decir

Ideas rompedoras anticipadas a su tiempo encuentran el reconocimiento de todos cuando las situaciones aventuradas por ellas toman forma. Así, quién le iba a decir a los impulsores de la Red Global de Renta Básica, constituida hace dieciocho años, proponiendo que todos reciban regularmente una suma de dinero sin condiciones, como reconocimiento a un derecho económico para cubrir las necesidades vitales mínimas, que hoy sea debate corriente en los parlamentos democráticos.

El reciente informe ‘Los Programas de Rentas Mínimas en España’ de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presentado a solicitud del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2018, tras las recomendaciones reiteradas del Consejo Europeo sobre la necesidad de fortalecer la última red de prestaciones económicas para conseguir mayores avances en la reducción de la pobreza, y después de que el Parlamento tomara en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos a propuesta de CC.OO. y UGT, estima que la ILP de ingresos mínimos mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema en un 28%, con un coste fiscal entre 7.200 y 9.800 millones de euros. Además, se atreve a proponer unas mejoras, con menor coste, basadas en el acceso a la prestación desligado del trabajo y para evitar el solapamiento de prestaciones, con el objetivo de reducir la pobreza severa, los que viven con menos del 30% de la renta mediana, a valores por debajo de 3,5%, media de la Unión Europea. En España es del 6,9%.

Ojo, no todas las ideas son constructivas. Sin extendernos técnicamente, llegados aquí es oportuno recordar que hay iniciativas para aportar una renta incondicional a todos los ciudadanos que crean mayor desigualdad, como la propuesta del impuesto negativo sobre la renta formulada por Friedman, al proponer reducir el nivel y volumen de los servicios públicos a disposición del ciudadano. 
Volviendo al informe de la AIReF para el análisis de la ILP promovida por los dos sindicatos de clase, se pone el dedo en la llaga de los problemas de la sociedad española actual. No es solo el nivel de renta individual y familiar. También hay que actuar para promover una política de vivienda pública que haga posible el derecho a vivir bajo un techo digno sin endeudar desorbitadamente a los ciudadanos o actuar para recuperar la inversión en servicios públicos esenciales. En definitiva, para reparar el ascensor social, hoy extremadamente averiado pues, últimamente, tiene tendencia ir solo hacia abajo. 

ramonveloso@ramonveloso.com