No enterrar en el olvido

Afortunadamente, el Tribunal Supremo avaló jurídicamente, por unanimidad, la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo. Doce años después de la aprobación de la ley de Memoria Histórica y tras una proposición no de ley del Parlamento en 2017 para la aplicación efectiva de aquella, que insta urgente y preferentemente al Gobierno de España a sacar del Valle al dictador, que aprobó el Real Decreto-ley correspondiente, superados los avatares de recursos de la familia franquista, iba siendo hora que se empezara a reparar la memoria de este país, comenzando por poner en su lugar a la cabeza visible del golpe de Estado y la represión en la postguerra.

Todas las sociedades necesitan afrontar su pasado, especialmente, el inmediato, no meterlo debajo de una alfombra para, parafraseando a Iglesias Corral, “pasou o que pasou e sabémolo todos”, olvidarnos para siempre de los que sufrieron las cuatro décadas de dictadura. No se puede pretender blanquear el franquismo, idea desde siempre de la derecha española, a la que ahora se suma, vergonzosamente, Albert Rivera. 

El pasado lo tenemos que mirar de frente para que las nuevas generaciones sepan que casi la mitad del siglo XX España vivió los desastres de un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República que sumió al país en una guerra civil y, luego, en una postguerra de escasez, hambre y represión con unas 200.000 ejecuciones, en el exilio de adultos y de niños separados de sus familias (solo a Francia fueron 500.000 españoles), con un millón de presos políticos a lo largo de la dictadura, con la expulsión económica de dos millones de compatriotas que emigraron a Europa, llegando a ser, paradoja de la vida, las divisas recibidas de ellos la segunda fuente de ingresos, después del Turismo. Y, sobre todo, que sepan que éramos un país que malvivía con el miedo en cuerpo.

Hasta ahora, el Valle de los Caídos era un mausoleo del franquismo. La legislación española sostiene que “se consagre como un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la represión posterior”, tal como reza el preámbulo del Real Decreto-ley. Además, sostiene que “la presencia en el recinto de los restos mortales de Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda”. Que así sea.

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