Financiación territorial

tal como se intuía desde el mismo momento de presentación de los presupuestos, los objetivos de déficit pactados por el gobierno popular con Bruselas no se cumplirán y dará margen a que el actual gobierno pueda suavizar las previsiones para los años 2019, 2020 y 2021, siempre que obtenga el beneplácito de la Unión Europa y el apoyo de las Cámaras Parlamentarias.
Las comunidades autónomas y la Administración Local cumplen, fielmente, sus deberes. Aquellas ajustándose al déficit exigido y los ayuntamientos aportando superávit. 
Por eso, es de justicia que la Administración Territorial  dispongan de cinco décimas más para tener mas capacidad de gasto redistributivo, base de su competencia política. A su vez, la Seguridad Social dispondrá de tres décimas más para paliar la insuficiencia de ingresos.
Si hay acuerdo con la Comisión Europea y se tiene el apoyo parlamentario, habrá un cierto margen para aliviar la financiación de la educación, la sanidad o las infraestructuras sociales de las Autonomías. Pero no es suficiente.
En primer lugar, porque hay que recordar que los ayuntamientos perdieron financiación estatal, sustituida por el catastrazo de Rajoy que aumento la carga tributaria de los contribuyentes. Además, se impidió el ejercicio de sus competencias, a pesar de aportar superávit año tras año.
En segundo lugar, porque el último sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común entró en vigor en enero de 2010 y debía haberse revisado a los cinco años. Todavía, estamos esperando.
Mientras tanto, se fueron añadiendo parches. Unos, aumentaron la deuda de las Administraciones Territoriales, el famoso Fondo de Liquidez Autonómica (FLA); otros, recortaron servicios públicos esenciales, bien sea con reducción de prestaciones, bien sea con disminución de retribuciones de los empleados públicos, o bien sea con ambos, como en Galicia. 
A nuestros maestros, médicos o enfermeros les redujeron las retribuciones un 7% adicional al recorte de la Administración Central. Y, claro está, a los usuarios sus prestaciones.
Ahora, según las propuestas del gobierno socialista, se van introducir una serie de tributos finalistas para garantizar la cohesión social y territorial. 
Será un alivio a corto plazo, pero ya que afectan directamente a las Comunidades Autónomas, creo que no se puede demorar más la reforma de su sistema de financiación.
Por eso, hay que sopesar si la correlación de fuerzas permite el consenso parlamentario para abordarla. Aún quedan dos años de legislatura por delante y no hacerlo supone perder tres o cuatro años más. Algo que nuestros parlamentarios no se deberían permitir.

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