Miércoles 16.01.2019

Camino mayo

Mira tú por donde el tiempo, aunque a destiempo, pone a cada uno en su sitio. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas nos puso los ojos como platos al sentenciar a la alcaldesa Ana Botella y a los integrantes de la empresa municipal de vivienda de Madrid a resarcir a la Hacienda Pública con 25,7 millones de euros por haber vendido por debajo de su valor 18 promociones inmobiliarias con 1.860 pisos a fondos buitre. Además, hay otras derivadas, a saber, la nulidad administrativa de la venta realizada en 2003 y la apertura de diligencia penales. Bien es verdad que la sentencia es recurrible, pero, pase lo que pase, podemos extraer algunas conclusiones.
El cinismo de algunos políticos al despreciar lo público cuando se dirige a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y lo ligeros que actúan en beneficio de intereses privados permitiéndoles la apropiación de lo que es de todos. Y más repugnante, todavía, cuando algunos de los declarados culpables forman parte del círculo del presidente Aznar, personaje dado a impartir lecciones de rectitud política a los demás pero obvia su propia responsabilidad en favor de la especulación mediante su Ley del Suelo, coadyuvante de la crisis financiera en España.
Por otra parte, el artículo 47 de la Constitución declara que los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pues bien, preguntémonos si se está actuando en esta dirección.
La respuesta viene dada si observamos la dificultad de los jóvenes para vivir fuera del hogar materno, si leemos las estadísticas de vivienda pública iniciada en el último lustro, si el rescate bancario pagado por todos y que puso a disposición de Sareb, el llamado banco malo español, suelo e inmuebles invendibles ayudó a paliar las necesidades de vivienda, cómo se hace frente a la presión de las plataformas de alquileres turísticos que dificultan el acceso a la vivienda o cómo se afronta la pobreza energética de los hogares. En definitiva, qué se hace para garantizar aquella protección constitucional.
La responsabilidad no es solo del Gobierno de España. La política de vivienda está transferida a las comunidades autónomas y muchas administraciones locales tienen la gestión de amplios parques de vivienda pública. Sirvan dos ejemplos próximos de desidia urbanística. 
Uno, el Bertón ferrolano inició la tramitación de dos urbanizaciones en los tiempos de Touriño. Me pregunto qué más hizo la Xunta de Galicia. Otro, Recimil y San Pablo padecen la desidia e incapacidad política y técnica del concello de Ferrol.
Pintan bastos y no sé si algún día aprenderemos.

Camino mayo
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