40 años de los Pactos de la Moncloa

ace cuarenta años, iniciaba mis estudios de ciencias económicas y recuerdo perfectamente al profesor Pedro Arias explicando las bondades de los “Acuerdos sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y sobre el programa de actuación jurídico política”, los llamados Pactos de la Moncloa. 
En mi biblioteca guardo una copia de los Pactos que releo estos días, y al hacerlo resuena en mi interior la apasionada defensa intelectual del profesor. Y no era para menos. 
Fueron años iniciáticos de construcción del Estado democrático pero, también, de grave crisis económica en un país eminentemente agrícola, de turismo de sol y con una industria que empezaba a dar claras muestras de agotamiento que terminó con su reconversión, con una inflación desbocada y un creciente desempleo. Los acuerdos económicos fueron aprobados por todos los partidos políticos pero de los políticos se descolgó la Alianza Popular de Manuel Fraga.
Se pusieron las bases de una nueva organización y estructura económica para solventar la herencia de la dictadura franquista. 
Así, se orientó la política presupuestaria a la creación de empleo, el control del déficit público y la reforma fiscal; la Seguridad Social, a reducir costes laborales y al control social de las prestaciones; la política monetaria, a desacelerar la inflación y la orientación productiva del crédito oficial; la política de rentas, a un crecimiento ordenado de la masa salarial reduciendo la brecha de sueldos; y la de empleo, a  la creación de puestos de trabajo, especialmente, empleo juvenil.
En el ámbito político se empezaron a poner las bases de la separación de poderes judicial y legislativo, la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación política, la despenalización del “adulterio y el amancebamiento” (sic) de la mujer y otros relacionados con las libertades públicas.
En estos días de crisis catalana, es bueno recordar de donde partimos, hace ya cuatro décadas, y reflexionar sobre lo conseguido. 
Hoy somos una sociedad compleja que vivimos en un Estado de Derecho con libertades públicas y privadas plenas y gozamos de una descentralización territorial muy desarrollada de Comunidades Autónomas. Por supuesto, hay que actualizar la estructura constitucional para adecuarla a la realidad que tenemos. Por eso, demonizar nuestro sistema constitucional es de  irresponsables temerarios.
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