Ciencia para la acción

Tomar decisiones sobre salud pública no siempre es una tarea sencilla. Hay muchos actores y factores involucrados, muchos intereses mezclados que no facilitan el trabajo del político. 
La presión cortoplacista no los ayuda, necesitados de resultados que puedan esgrimir cada cuatro años para una reelección y para ellos planificar a medio plazo, no digamos ya a largo, muchas veces les parece una quimera. 
Por no hablar de los clamores populares que obligan a tomar medidas poco meditadas. Si a esto le añadimos la presión recibida desde poderosos lobbies industriales, acabamos con un panorama donde las buenas intenciones quedan puestas en entredicho.
Con todo esto, la ciencia debería servir como un pilar fundamental en la toma de decisiones. Que el peso de las evidencias designe hacia donde se dirige el barco, con una tripulación dispuesta a asumir su liderazgo. 
Aunque en este sentido no juega precisamente en su favor la indefinición que está grabada a fuego en el ADN de la investigación. Nada es blanco o negro. Y nada es blanco eternamente. Las controversias, un instrumento que ha jugado un papel importante a la hora de permitir el progreso científico, no son las mejores aliadas cuando hay que tomar una decisión, aunque eso no debería ser una excusa para la inacción.
En este contexto, el papel de los científicos tiene que ser más intachable que nunca. Su compromiso con la objetividad debe quedar fuera de toda duda, y para ello cabe ser muy exquisito en un aspecto: de dónde viene el dinero. 
Entendiendo la dificultad de encontrar financiación para la investigación, hay que mirar de donde procede la financiación de sus estudios. 
Es cierto que el hecho de que la industria del azúcar, del vino o la carne pague una investigación no debería invalidarla per se. 
Pero tampoco cabe ser tan inocente para obviar los posibles sesgos que sobre el trabajo del investigador pesarán, al saber de dónde procede el dinero que le permite llevarla a cabo. 
No es una cuestión de cerrar este grifo, sobre todo en momentos de precariedad para la ciencia, sino de establecer mecanismos que permitan seguir asegurando la independencia de los investigadores y que les permita asumir sin ninguna suspicacia el liderazgo a la hora de definir políticas de salud. 
Y ese es un camino en el que, por desgracia, todavía nos queda mucho por recorrer.