domingo 17.11.2019

EL CATASTRAZO

En plena crisis, con famillias sufriendo el azote del paro

En plena crisis, con famillias sufriendo el azote del paro y malviviendo con subsidios, la Dirección General del Castastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, decide que es momento de revisar el mapa inmobiliario “con objeto de incorporar al Catastro los bienes inmuebles omitidos o que están inscritos de forma incorrecta o incompleta por incumplimiento de la obligación de declarar, de manera que la tributación de esos inmuebles sea la que les corresponde de acuerdo a su realidad inmobiliaria”.  Tras aclarar que dicha revisión regularizadora no implicará la de replantear los valores catastrales sino únicamente y de acuerdo con lo ya establecido que pase a tributar lo que hoy no tributa,  advierte que la medida no afectará a inmuebles que se tributan correctamente.
Casi se podría estar de acuerdo con la medida si no fuese porque lo de la “obligación de declarar” merece un debate: ¿por qué hay que declarar que se reteja lo que está a uralita o que se pinta la fachada para que luzca limpia y saneada, conllevando un aumento del IBI si es el no hacerlo lo que debía de estar penalizado?
Bien; el procedimiento de regularización será llevado a cabo por la DGC para lo que la Gerencia regional habrá adjudicado el bombón a una S.L. amiga la cual, tras contratar a una manada de enchufados que no tienen n.p.i., haría malamente el cometido dando lugar a la sarta de errores que sin ir más lejos el alcalde de Fene, uno de los municipios afectados, declara no descartar como posibles.
Sobre todo en el rural, donde la Administración ve ampliaciones de vivienda donde sólo hay cuatro columnas levantadas y una uralita para guardar el coche, incorporando esos metros cuadrados  y elevando de forma ficticia el valor catastral de la vivienda. ¿Cómo diferenciar desde una avioneta o un drone una vulgar caseta de madera para guardar tumbonas de una buena construcción de madera que cumple como vivienda?
Sigamos; la propia DGC decidió por dónde empezaría y tras notificar a los concellos agraciados su intención y que no se les exigiría participación alguna ni en actuaciones ni en costes pues estos irán a expensas del ciudadano regularizado (60 eurazos por además de burro, apaleado, de los cuales, ojo, la empresa sólo factura 30) acaba la misiva solicitando al alcalde del municipio en cuestión que otorgue por escrito su amén a la proposición, “quedando a su disposición para cualquier aclaración sobre este proyecto dirigido a luchar contra el fraude”, remata eufemísticamente. Esa aprobación supondrá, salvo alegaciones que prosperen: A) Abonar el incremento que corresponda de la regularización aplicado a los cuatro últimos años, tiempo que la Administración estima que ya debía de haber sido aumentado sin poder llegar a cinco porque el acto habría prescrito. B)  Abonar los 60 euros, que no por legal deja de sonar a sablazo y C) Modificar la imputación de rentas en el IRPF de las viviendas no habituales, ya que se tributa entre el 1 y el 2.1% del valor catastral de estos inmuebles.
Este catastrazo se traducirá en un incremento sustancial en el valor medio de terrenos y viviendas que en muchos casos no responde a la realidad del municipio. ¿Es justo pagar por urbano una finca que ni en 50 años llegará a construirse sobre ella? Y al revés, ¿es justo que porque una finca sea calificada como rural no pueda hacerse nada sobre ella ni sea sometida a la consideración de la autoridad competente un proyecto que pueda ser interesante y sirva para mantener libre de maleza e incendios una extensa zona, ayudando a fijar población en el rural?
La Administración sólo sabe hacer ineficientes tábula rasa y si ya era un timo el incremento del IBI cuando el mercado inmobiliario vino perdiendo la mitad de su valor, este subidón con salarios perdidos y pensiones mermadas obligará a vender por cuatro gordas las viviendas adquiridas con esfuerzo y años de trabajo a todos estos que nos han estado robando a manos llenas, incluyendo mafias rusa y china, traficantes, etc, con la connivencia del alcalde del municipio afectado como por ejemplo el caso de Fene, mientras dice defender el interés de los vecinos.
Alega la DGC que la medida sirve para impulsar la recaudación local... Y para demostrar que es más fácil  robar y saquear, como hace el Gobierno sostenido por el partido con más corruptos de toda la historia de España, que contribuir a agilizar y facilitar la implantación de negocios florecientes.

EL CATASTRAZO
Comentarios