¿PODEMOS?

Se pretende por algunos considerar que “podemos” es un problema. Pero “podemos”, en realidad, es más la consecuencia del verdadero problema, que no es otro que la corrupción política y funcionarial de este país. Cuanto más aumenta el hartazgo ciudadano, en la misma medida se incrementan las posibilidades de esta formación. Se equivocan los dirigentes nacionales del PP y del PSOE con la táctica del “y tú más”. La corrupción sólo de combate con la promulgación de nuevas leyes y la asignación de más medios personales, materiales y tecnológicos para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado. Lo demás ya no es creíble. Mientras tanto, el Che Iglesias se frota las manos, pues es sabedor de que cada vez que un Juez inicia una investigación, se produce un terremoto a su favor. Sus votantes ya no provienen exclusivamente de la izquierda social. Su estrategia es muy clara; espera que la manzana se pudra del todo para asaltar el poder en las próximas elecciones generales. Y será en ese momento cuando “podemos” se convierta en un verdadero problema nacional. Se trata de un grupo de hábiles comunicadores sin un discurso intelectual serio que se limitan a criticar lo obvio. Ellos no arriesgan nada porque no tienen ataduras ni experiencias en gobiernos de las administraciones menores. No tienen cuadros verdaderamente formados en cantidad suficiente para gobernar una nación. La mayoría de sus propuestas son demagógicamente disparatadas e irrealizables. Por esa razón, no se van a presentar a las próximas elecciones municipales. Sería tanto como quitarse su verdadera careta, pues la ciudadanía empezaría a conocer a los “pablitos” de cada localidad. En la inmediatez está su punto débil. El caudillo esconde a su infantería. Con todo, la sartén la sigue teniendo el gobierno de Rajoy. La gente normal pide a gritos un endurecimiento del Código Penal y la redacción de nuevos tipos penales especiales que regulen las conductas ligadas a los delitos “de cuello blanco”; la supresión de los aforamientos especiales; la reducción del número de administraciones por vía de las fusiones municipales y la unificación de determinadas competencias a favor del Estado Central, eliminarían el número de “órganos de contratación” y con ello la corrupción ligada a los mismos. En su mano está.