11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
Un jueves, festividad del Corpus Cristi para los católicos, y día festivo para los españoles en general, fue proclamado Felipe VI como nuevo Jefe del Estado, prometiendo una renovadora Monarquía Democrática, para un tiempo nuevo.
Me pareció su discurso, pronunciado en las Cortes Españolas: completo, equilibrado y sereno. Las autoridades que le escuchaban allí son las verdaderas encargadas de regenerarse con su comportamiento político, y tal determinación se tendría que visualizar necesariamente en un corto plazo, y así legitimar la tan reiterada legalización de su nombramiento: primero como Capitán General y luego como Jefe del Estado español.
No tiene sentido empezar una nueva etapa sin cambios visibles. Si la soberanía radica en los ciudadanos, la Jefatura del Estado no puede estar tutelada por un casual y capricho Gobierno de partido sin proyecto de estado, por lógica y natural definición de partido: ideologizado con parcialidad de intereses. El Gobierno no puede estar por encima del Jefe del Estado, sea este un Monarca o un Presidente.
En esta carta abierta al rey Felipe VI, interpretando su discurso de proclamación, y en mi condición de ciudadano español considero que mi opinión y libertad de expresión me viene otorgada por la Constitución Española, y dada mi mayoría de edad, me dirijo de forma específica a todas las instituciones que les corresponda, para que dando un carácter prioritario, se elabore una Ley de Jefatura y Consejo de Estado. Este primer paso de cambio generacional sería el camino para su legitimación.
Esta Ley debería de elaborarse pensando que valga lo mismo para un ciudadano monarca, que para un ciudadano presidente, es decir, un traje que responda al perfil de características que debe reunir un Jefe de Estado en todas las circunstancias posibles, y no un traje legal exclusivamente a medida de un rey concreto.
Traje evidentemente con garantía de ser Certificado a una Persona con Responsabilidad en cargo Público. Empezando por un examen médico que analice su idoneidad física y mental, continuando por otros exámenes de conocimiento en diversas Ciencias y Cultura, por ejemplo: del derecho, economía, empresa, administración de un estado, relaciones internacionales, artes, lenguas y de carácter humano.
De inmediato, conforme a esa Ley convocar elecciones para nombrar los representantes de todos los ciudadanos en el Consejo de Estado. Este órgano su principal función sería elaborar y proteger el Proyecto España.
Estaría también encargado del tutelaje y asesoramiento del Jefe del Estado, incluso en su posible ausencia, ejercer la representación de la soberanía ciudadana como garante superior de otras instituciones y poderes del Estado, poderes de corte partidista como pudiera ser el Gobierno y el poder Legislativo, o corporativistas como el poder Judicial.
No debería ser un Consejo con más de sesenta representantes. Uno por cada distrito territorial electoral en el que se debería de dividir España por número de habitantes, de un nuevo territorio que sería el denominado “el regenerado Nuevo Distrito Electoral, de nueva planta”, sobre el que se debería de asentar la representación territorial de los ciudadanos para todas las restantes Cámaras.
Este primer paso sería la verdadera legitimación, no legalización que ya la tiene y no es discutible. Tan indiscutible, como lo sería el resultado si se hubiera presentado a un referéndum para ocupar este cargo como Jefe de Estado. Estoy seguro que lo ganaría ampliamente por mayoría absoluta.
Pero de lo que se trata ahora, es de legitimar su discurso por los viejos políticos que pudiendo hacerlo no quisieron. Esto evitaría la necesidad de tener que escribir un guión con un probable nuevo 23-F.
