Desamparo público

en los últimos tiempos, la mayoría de las administraciones públicas se dedican a aumentar los presupuestos de gasto e inversión en políticas sociales. No obstante, nos encontramos con que los responsables de los bancos de alimentos de Galicia reconocen una bolsa de pobreza que se está haciendo estable y que condenaría a miles de personas y familias a la exclusión social permanente. Asimismo, Cáritas ya habla de cronificación de la pobreza y que irá en aumento, bajo el desamparo público; incluso la Fundación Foessa reconoce que “hay más de ocho millones de personas que sufren exclusión social en España, la mitad de ellas de forma severa”, eso significa el 18% de la población.
Sin duda algo está fallando y cada vez, además de la voluntad política, es necesaria una sociedad civil más activa y comprometida con su realidad más próxima. Nuestros gobernantes reconocen que se ha superado la crisis económica, pero seguimos instalados en una crisis social sin precedentes en la etapa democrática. No se puede seguir mirando para otro lado mientras decenas de familias de nuestro barrio o ciudad viven situaciones de vulnerabilidad por culpa de trabajos precarios, desempleo o simplemente por estar en exclusión social, careciendo de los recursos más básicos para llevar una vida digna.
Por desgracia es la cruda realidad, son muchos los ciudadanos que padecen el desamparo de los poderes públicos y se ven obligados a buscar la caridad o la solidaridad de entidades sociales para poder comer caliente todos los días. Mientras todo esto sucede la Ley de Inclusión de Galicia continúa esperando para su desarrollo a través de un reglamento para evitar que siga aplicándose la discrecionalidad de los responsables territoriales a la hora de resolver los expedientes administrativos.