De navallada a labazada

Allá por los años setenta, al ser concebida, la autopista fue calificada por algunos políticos como “unha navallada” a Galicia, pero al entrar en servicio se “redimió” convertida en la vía vertebradora del país desde Ferrol a Tui, enlazando A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo. 
Como aquella “nosa señora de ferro” de Curros, “por donde ela pasa fecunda os terreos,  frolecen os eidos”, la autopista cambió Galicia. Ordenó el territorio, definió y enmarcó el eje atlántico, fijó población en su entorno y determinó el progreso económico y social de Galicia. 
Pero ¡a qué precio! El peaje de la AP-9, que no tiene alternativa decente en la Galicia atlántica, es insoportable y vuelve a subir en una escalada que alcanzará el 8 por cien este año. Dicho con la expresividad de nuestra lengua, “é unha labazada” en el rostro económico de las empresas, de los profesionales y de los particulares que no pueden disfrutar “del placer de conducir”, como dice un eslogan publicitario de Audasa.
Da la impresión de que todo lo que rodea a la AP-9 fue hecho por intereses políticos cortoplacistas con un cúmulo de decisiones a espaldas de los propios intereses del país, desde la ampliación de las concesiones –un monopolio regalado por tiempo inmemorial– hasta la permisividad en la subida de los peajes como contrapartida generosa a las obras de ampliación que debería acometer la concesionaria con los pingües beneficios de la explotación. Como hacen todas las empresas que reinvierten para garantizar sus procesos productivos.  
El Parlamento debatió mucho sobre su trasferencia, pero a los usuarios nos da igual quien mande en la autopista. Lo que nos importa es que cumpla con su función de vía rápida y que el peaje a pagar por los distintos recorridos no sea abusivo, como es ahora que supera a tramos de autopistas del país de kilometraje equivalente y con mayor complejidad técnica. Y seguirá aumentando ¡hasta 2.048!  
¿Se puede acabar con este asalto continuado a los usuarios de la autopista? Sin cuestionar los términos de la concesión–la seguridad jurídica es un principio en el Estado de Derecho–, tiene que haber margen para la negociación de los peajes: tarifas planas, precios por días, tramos horarios, descuentos razonables… 
La comisión Fomento-Xunta, con la incorporación de Audasa, debe ser el marco de diálogo para que la AP-9, un bien de interés económico y social para Galicia, cumpla con la función exclusiva de servir a los gallegos. 

De navallada a labazada

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