¡La vivienda es mía!

en estos tiempos tan convulsos por los que pasa la política en nuestro país, por primera vez en mucho tiempo tengo que aplaudir el trabajo desarrollado por parlamentarios estatales que con mayoría absoluta en la suma de fuerezas han sido capaces de poner de acuerdo y dejar sobre el tapete del Legislativo algo que se venía reclamando desde hace mucho tiempo: el desalojo express de los que ocupan una vivienda con violencia y dejan en la calle a su propietario.
Los okupas, movidos y animados en los últimos años por grupos de personas muchas de las que ahora han pisado moqueta y ocupan cargos de elecciones o representación, venían campando a sus anchas. Raro es el día que no vemos o escuchamos en los medios de comunicación a algún propietario o propietaria denunciando que cuando se fueron de fin de semana o para disfrutar de su bien ganado descanso vacacional, gentes, la gran mayoría de las veces extranjeras procedentes del centro europeo, estaban instaladas en su vivienda. Comenzaban entonces un largo calvario de actuaciones sin que pudieran ver la luz al final del túnel. Denuncia policial, elevación al Juzgado y cargarse de mucha paciencia -en ocasiones de varios años-hasta que un profesional les cambiaba las cerraduras después de la decisión de un juez.
En los últimos días fuimos testigos en Santiago de una ocupación de este tipo por parte de un colectivo variopinto, muchos de ellos conocidos como perroflautas, que entraron en una vivienda deshabitada en la zona vieja de la ciudad y colocaron carteles amenazantes, alguno de ellos mencionando a un compañero periodista con el que se confundieron cuando lo consideraron como el propietario del inmueble.
La okupación de viviendas tiene actualmente tres niveles distintos: particulares, que son la mayoría; entidades sin ánimo de lucro y las de las administraciones, en las que se incluyen las que son propiedad de las entidades bancarias.
Cuando la iniciativa legislativa sea ya una realidad pienso que expulsar a los okupas será cuestión de días. Ese es el objetivo que se ha incorporado con la propuesta de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ha aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso. Con ella se busca garantizar el derecho a la propiedad de los particulares. Sigo sin entender cómo hay grupos parlamentarios como los del PSOE o Podemos que se han mostrado en contra de esta iniciativa presentada en la Cámara Baja.
Las okupación de viviendas de forma ilegal ha generado la proliferación de empresas especializadas en el sector que se encargan de devolver el inmueble a su propietario. La iniciativa cuesta una “pasta” pero se garantiza el resultado. Sigo creyendo que el tema se debe resolver, como en la gran mayoría de los países de la Unión Europea, de forma rápida y express en unos días, pero por los cauces de la Justicia. La vivienda es del que la ha pagado y tiene todo su derecho a disfrutarla. Vivimos en una Estado de Derecho donde la propiedad es privada.