Libertad educativa

A Alexis de Tocqueville debemos una de las mejores reflexiones sobre lo que él denominaba despotismo blando. Un fenómeno, bien actual, que consiste en la tenaz y persistente voluntad de los gobernantes por apropiarse de la vitalidad de la realidad a partir de una unilateral, exclusiva y excluyente forma de interpretar en cada momento el interés general. El interés de todos, como es bien sabido, en una democracia normal debería discurrir por los amplios caminos del bienestar integral de los ciudadanos y no por el capricho o conveniencia de los que mandan en cada momento.
En efecto, la libertad de expresión se tolera mientras se discurra por los benéficos caminos del pensamiento único, la libertad de educación tropieza con el intento constante de burocratizar los procedimientos de selección de alumnos en los centros concertados, la libertad de religión se viola continuamente con desmesurados alegatos al silencio de la Iglesia cuándo manifiesta sus puntos de vista sobre temas morales. Eso sí, se hace una torticera interpretación del artículo 9.2 de la Constitución para promover la “libertad y la igualdad”, no de todos como manda el precepto de la Carta Magna, sino de determinados colectivos aliados de la tecnoestructura, a los que no se duda en conceder privilegios y prerrogativas sin cuento.
En fin, que están los tiempos para recordar lo que Friedman escribiera nada menos que en 1955 cuándo afirmó que al Estado compete el aseguramiento y financiación de la educación, pero no su gestión, que debería ubicarse en las mejores manos posibles. A su entender, financiación y gestión debieran separarse, para lo que propuso una de las mejores medidas para garantizar la libertad educativa, no siempre entendida: el cheque escolar.
¿Saben ustedes, queridos lectores, por qué el cheque escolar tiene tan mala prensa en general? Sencillamente, porque al fomentar la excelencia y la sana competencia, las autoridades públicas educativas intervencionistas y los sindicatos de profesores acabarían perdiendo el control del que tanto gustan en orden a garantizar ese rancio igualitarismo que penaliza el esfuerzo y tacha de individualismo insolidario cualquier intento de salirse de la mediocridad imperante.
Cincuenta años después, en 2005, Friedman opinaba que “tarde o temprano algún Estado implantará el cheque escolar en todo su territorio; entonces la competitividad de los colegios se pondrá al servicio de la libertad de elección de los padres y se demostrará que es capaz de revolucionar la enseñanza”. Hoy las cosas están todavía peor, por lo que habrá que seguir derecho criticando el reino de la mediocridad, o, lo que es lo mismo, en el espacio del temor a la libertad y en el reducto del pensamiento único. 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo