Los efectos de la corrupción en LAC

Los estudios realizados sobre la corrupción, especialmente en el área de Latinoamérica y del Caribe (LAC), coinciden en destacar que esta terrible lacra social afecta negativamente al funcionamiento del Estado, al mismo Estado de Derecho y, sobre todo, debilita la confianza en las instituciones públicas creciendo exponencialmente la desafección entre ciudadanos y representantes, entre las personas y los políticos, entre consumidores-usuarios y las empresas. Igualmente, la corrupción incide en la asignación eficaz y equitativa del gasto público, fomenta la evasión fiscal, aumenta los costos de la deuda soberana, frena la productividad y la innovación privada y, como señala el Fondo Monetario Internacional en un informe de 2018, reduce el crecimiento económico general.

Es decir, la corrupción, es lógico, no trae más que consecuencias negativas sobre todo lo que se proyecta sin excepción alguna. Las redes de la corrupción conectan a las élites económicas con las gubernamentales como demostró Lava Jato en Brasil facilitando la captura del Estado. Según el Latinobarómetro de 2017, solo el 30% de la población está contenta con el funcionamiento de la democracia mientras que un 53% está convencida de que sus gobiernos son ineficaces en la lucha contra la corrupción. Una encuesta de 2016 de Transparencia Internacional en veinte países del área LAC señala que uno de cada tres admitió haber pagado sobornos para el acceso a servicios públicos como justicia, educación o salud. 

Otro problema, no menor, es la correspondencia entre corrupción y desigualdad pues en LAC hay países con los mayores índice de desigualdad del mundo. En estos países, el desencanto de las clases más desfavorecidas y de las medias ante la capacidad de influencia de los poderosos para orientar determinadas políticas públicas genera reacciones populistas. Lo estamos viendo en este tiempo.

Por otra parte, la nulidad por causa de corrupción de contratos millonarios de infraestructuras, con miles de empleados que van al desempleo y la quiebra de las empresas condenadas, provocan también graves problemas sociales. Por si fuera poco, los países LAC con mayor corrupción son castigados por las calificadoras en el ranking de la deuda soberana cortando, o reduciendo considerablemente, las inversiones extranjeras.

En este marco, como señala el informe del grupo de expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para LAC constituido en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo, es menester diseñar instrumentos destinados a enfrentar prácticas corruptas que fomenten la transferencia de activos de los proyectos a nuevas empresas en caso de detectarse ilícitos penales en la empresa original, minimizando así retrasos en la provisión de servicios para los proyectos en curso. En otras palabras los proyectos afectados por corrupción y cuyos costes exceden los beneficios esperados por la sociedad, no deberían completarse.