sábado 24.08.2019

Laicidad y laicismo

l concepto de laicidad positiva ha sido formulado  a partir de la doctrina, por cierto de origen cristiano, de la separación de los poderes terrenales y espirituales. Lo que no significa, ni mucho menos,  que se corten radicalmente las vías de colaboración entre ellos por la sencilla razón de que ambos poderes están comprometidos en la promoción de la dignidad del ser humano. También, como es obvio, el poder civil debe facilitar la dimensión espiritual de la vida humana para que quien quiera pueda realizarla en plenitud sin cortapisas y sin restricciones injustificadas. 
 Laicidad y laicismo no son lo mismo. En efecto, la separación de poderes no implica, como entendió el laicismo, que lo temporal y lo espiritual deban estar de espaldas el uno del otro. El ámbito espiritual y la dimensión temporal, no corren en paralelo. Más bien, si seguimos una versión abierta, positiva o integradora de la laicidad, resulta que lo religioso y lo político, sin identificarse, han de colaborar estrechamente para garantizar la centralidad de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales. En realidad, la acción social de la Iglesia Católica en todo el mundo, cuidando tantas veces a enfermos desahuciados o, por ejemplo, a las víctimas del sida que ya ni siquiera tienen acomodo en la red pública hospitalaria, demuestra hasta que punto la cooperación de la Iglesia es esencial en la responsabilidad social del Estado. El diálogo entre Estado y religiones, el reconocimiento de la libertad religiosa, ha de posibilitar que el mundo espiritual deje de estar proscrito, expulsado en tantos países del espacio público. Sobre todo porque, guste más, poco o nada, resulta que de los múltiples aspectos que conforman la realidad, la dimensión espiritual o religiosa es uno de ellos y, como tal, ha de tener el mismo reconocimiento público, al menos, que los demás factores que componen el espacio de la deliberación pública. El Estado ha de crear las condiciones, como proclama solemnemente el artículo 9.2 de la Constitución española, para que la libertad, en todas sus proyecciones, sea real y efectiva. Por tanto el Estado debe facilitar el normal y razonable despliegue de esta libertad porque, aunque algunos no comprenden el pluralismo, el ser humano tiene derecho, como señala el artículo 10.1, también de nuestra vigente Constitución, al libre desarrollo de su personalidad.

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