• Jueves, 20 de Septiembre de 2018

¿Puede la justicia encarecer la luz?

Lo que pudiera parecer un dislate, es una realidad, el Tribunal Supremo obliga a que se vuelvan a calcular los precios que se pagan a las pequeñas distribuidoras de la energía eléctrica, forzando a que el Gobierno pague más intereses por el déficit eléctrico de 2013.

Lo que pudiera parecer un dislate, es una realidad, el Tribunal Supremo obliga a que se vuelvan a calcular los precios que se pagan a las pequeñas distribuidoras de la energía eléctrica, forzando a que el Gobierno pague más intereses por el déficit eléctrico de 2013, lo que llevará consigo un aumento de los costes regulados a los clientes de las compañías. Esto quiere decir que en lugar de subsanar un problema, se ha creado otro mayor, porque el precio de la electricidad se mantiene en máximos históricos, sin forma de corrección.
No entro a valorar la sentencia del Alto Tribunal, en si es justa o deja de serlo, lo que sucede en este caso es que con esta sentencia se agrava el problema de millones de españoles que se las ven y se las desean para pagar el recibo a las compañías eléctricas cada dos meses, con lo que la pobreza energética puede ir en aumento, dada la capacidad salarial de multitud de españoles que trabajan casi para sobrevivir y otros muchos que no tienen ocupación alguna y esto empeora su propia existencia. 
La justicia ha forzado a que se pague más por el bono social y esto es preocupante. Solo los que tienen una pensión solvente y los asalariados con buena capacidad económica podrán pagar sin el mayor contratiempo su consumo, pero hay millones de españoles que no lo podrán hacer o que estarán al límite de sus posibilidades económicas para poder hacerlo.
Esta sentencia en sí refuerza el poder económico de las compañías eléctricas y les da más argumento para que la energía siga su ritmo de aceleración descontrolado. Hasta ahora nadie ha demostrado que un kilovatio de energía consumida valga realmente lo que se paga por él y no hay tribunal alguno que se moje en entrar a valorar si las eléctricas cobran lo que realmente vale el consumo energético o este se paga alevosamente en función de los gastos que tienen las propias compañías; incluidos sueldos a trabajadores, directivos y presidencia, así como el resto de las gabelas que en cada consejo se toma libremente. 
Es vital que alguien diga lo que realmente cuesta mantener el consumo energético, porque está en juego el futuro económico de millones de ciudadanos con un sueldo cada vez más menguante y la pensión, que se deprecia por sí sola. Hay que tener en cuenta que los pensionistas están perdiendo el 1,4% de su poder adquisitivo, después del último dato económico de la cesta de la compra del recién finalizado 2016. A este paso la justicia va hacer un flaco favor a varios millones de ciudadanos con serios problemas económicos.
A su vez da alas al poder energético a que se reconozca por esta vía sus postulados y no la realidad social de todo un pueblo, cuando sería la propia justicia, la que mediara en pos de la solución del grave problema que se presenta a los españoles en general y a los más vulnerables en particular. Lo que no sabemos. Si en el sistema de pujas, existe transparencia, dado que en el mes de diciembre de 2016 se encadenaron cuatro de subidas de órdago.