La desconexión catalana

El independentismo catalán está en los momentos más flagrantes de la batalla dialéctica del momento político español, con su órdago al vigente modelo de Estado constitucional español y hará lo posible para que el próximo mes de septiembre-octubre, se celebre la consulta separatista de la región catalana.
La presidencia del Gobierno español continúa sin responder al desatino separatista y el Tribunal Constitucional deja hacer hasta el límite de lo permitido, pero sin llamar al orden de lo que está aconteciendo en la sociedad catalana y, sobre todo, entre los políticos de las primeras filas.
Esto acabará siendo un fiasco para los catalanes, pero mientras tengan una baza que jugar se la jugarán aunque sea a una sola carta.
La última sorpresa la dio hace un par de meses LLuís Llach, diputado de Junts pel SÍ, quien además advierte de las consecuencias en varias de sus conferencias dadas en los últimos meses sin que el Gobierno, ni Tribunal Constitucional hayan alzado la voz y mucho menos ningún otro miembro del sistema judicial garante de las leyes que regulan las instituciones españolas.
De tal modo que para este diputado autonómico “los funcionarios que no acaten la ley de desconexión serán sancionados”. Es decir, está anteponiendo una llamada a una ruptura o golpe de fuerza sobre la ley vigente que en este momento regula la identidad soberana del Estado español, como se le conoce hoy en día y, por tanto, no puede ni debe tolerarse semejante barbaridad contra la Constitución de todos y aprobada por inmensa mayoría del pueblo español en 1977.
Este diputado, al igual que el resto que amparan el independentismo, debería estar inhabilitado judicialmente por ir en contra de las leyes legalmente establecidas y hacer apología de un Estado hipotético catalán fuera de la regulación jurídica que marca la unidad española en su conjunto, salvo que se esté jugando a ver lo que pasa, dejando hacer y ver en donde va a terminar este órdago al Estado español.
Por sentido común a ninguna parte, pero las amenazas son constantes y si los diputados y políticos que rigen Cataluña han jurado o prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución, no lo están haciendo, lo que les invalida para ejercer su trabajo por haber usado la mentira en beneficio propio, de un plan ya establecido previamente en el que se disponía lo que querían hacer una vez dentro del Gobierno autonómico.
Ahora bien para acabar con las ansias catalanas hay que actuar desde dos frentes: el judicial y el político, usando el ordenamiento constitucional desde un principio y sino cambiando la división territorial de España, como se hizo en 1821 y llevada a efecto en 1834.

La desconexión catalana

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