La energía y el plan Cástor

El precio de la luz y gas suele subir vía consumo y también por decisión del Gobierno, el recibo que se paga lleva subiendo desde el año 2008, sin criterio alguno, según el informe del experto en energía David Robinson del Instituto para los Estudios Energéticos de Oxford.
El coste del recibo ha subido en España un 52%, con un incremento muy por encima de países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia, en cuyo periodo fue del 48%, Alemania del 35%, Reino Unido del 26% e Italia muy alejada de todos ellos con apenas el 5%, de incremento. En dicho año España era el 12° país con la energía más cara, pero ahora está situado en el 4° puesto en donde más ha subido el costo de dicho recibo luminoso.
Si se compara con el gigante americano, los españoles pagan el doble que sus homólogos norteamericanos. Detrás de todo esto están las gabelas que perciben las eléctricas a costa del consumidor, en lugar de aplicarlo vía impuestos del Estado ó de la Deuda Pública amortizable, lo que lleva a este modelo de gestión a encarecer de forma vertical del 73% el recibo que se paga por el sufrido consumidor.
El consumo medio de coste en energía consumida es del 32%, a esto hay que añadir los peajes, subvenciones de todo tipo e impuestos, con cargo al cliente de turno, a lo que habrá que sumar por espacio de 30 años una nueva metedura de pata gubernamental, al tener que abonar a la firma ACS y a la canadiense CPL, la escandalosa cifra de 1.350 millones de euros, derivados del fracaso del plan Cástor y que el Gobierno decidió que lo abonasen los consumidores, sin haber estos tenido arte ni parte en este fracasado negocio, que apuntaba pingües beneficios a la sociedad que se le autorizó la explotación del almacén de gas en las costas españolas, pero al final del fiasco, la factura de la luz y el gas, se verá incrementada con: La parte proporcional de lo que corresponda a la indemnización que hay que abonar a dichas compañías.
Todo ello por haber emitido un informe ambiental favorable, lo que permitió la inyección de gas a mediados del año 2013, en este proceso judicial abierto hay unos veinte encausados, en realidad no se hizo ningún estudio geológico y esas son las consecuencias económicas de la negligencia institucional, lo malo es que siempre toca pagar del mismo lado y nunca a los culpables y responsables de este desaguisado. El escándalo surge después de que la zona de Vinaroz (Castellón) sufriese más de 600 seísmos que se produjeron el mes de septiembre de dicho 2013 en el entorno de la plataforma Cástor, desembocando este meollo en una denuncia presentada en diciembre del 2014, cuyo juicio comenzó el 19 de octubre del 2015. El daño ya está hecho y la factura a cargo de los consumidores. ¡Ver para creer!