La encrucijada separatista

españa vive en estos momentos una fiebre denominada del nuevo Frente Popular, que resurgió a la sombra de los dos grandes partidos árbitros de la Constitución y garantes de su cumplimiento. La peculiaridad de este entuerto es que con respecto a Cataluña se ha dejado el devenir del tiempo sin haber tomado medidas cautelares y, sobre todo, dejando crecer una gigantesca bola de nieve que ahora se convierte en un alud que puede traer graves consecuencias penales y de inhabilitaciones institucionales y políticas. Hace tiempo se debieron tomar algunas medidas imprescindibles para el buen gobierno de la nación. De lo contrario nos abocábamos a su liquidación tal como hoy le conocemos.
Los dos grandes partidos institucionales a los que me refiero han sido los que han tutelado de alguna forma al nacionalismo catalán, al no hallar entre ambos el sentido de Estado que se requería y apoyarse mutuamente en el desarrollo de las leyes y la aprobación de las mismas, así como en los presupuestos. Gobernar en mayoría es una balsa de aceite; hacerlo en minoría es un camino de espinas. Como esas dos formaciones en su alternancia en el Gobierno no se entendían al quedar una de ambas en la oposición, se boicoteaba todo lo posible al partido gobernante y se llevaba la contraria hasta límites insospechados. Esto propició que el Gobierno entrante se apoyase en los minoritarios, como eran vascos y catalanes, dándoles a entender que eran una pieza fundamental en el desarrollo de la gobernabilidad de España y en recompensa recibirían mayor financiación.
Ahora, como consecuencia de aquellos pactos, España tiene un gran problema de correlación institucional en que los catalanes se crean con razón para ello, aunque no la tengan y tirarán por el camino de en medio para llegar a una situación límite. La sorpresa está al caer, pero es difícil que ante el amparo de la ley constitucional puedan llevar a cabo separación alguna. Más bien este lío se está convirtiendo en un intento de secesión promovida como un golpe de Estado, creando una república catalana que va contra los principios constitucionales y habrá que exigir responsabilidades, inhabilitaciones y disolución de aquellos partidos o grupos que acatando la Constitución, la han obviado. Todo esto es posible que pase después del día señalado por los catalanes para separarse de España.
Las medidas promovidas por la ley según lo dispuesto en el Código Penal tendrán que aflorar con la misma rapidez con que los responsables políticos catalanes han ido directos al precipicio, sin nada a sus pies. Luego vendrán las lamentaciones y las disculpas, pero el daño a la imagen de España y sobre todo evitar el cumplimiento de la ley como debe ser la esencia de todos los ciudadanos, tiene que servir de ejemplo para que este castigo sea lo más amplio posible, debido a que nadie está por encima de la ley y esta, por encima de todos los españoles, sin distinción de raza, credo político o religioso y lugar o territorio de pertenencia.