Lealtad al Estado

Seguramente tiene razón Sánchez al abrir una vía de diálogo con los independentistas, aunque las posibilidades de éxito son muy escasas dada la división entre las facciones secesionistas, la inminente convocatoria de nuevas elecciones autonómicas que aumentarán esa división, aunque sea temporalmente, y, sobre todo, la imposibilidad de que el presidente Sánchez pueda aceptar lo que Torra, Junqueras y compañía quieren: la independencia de Cataluña. 

Hablar siempre es bueno, pero una cosa es hablar y otra llegar a acuerdos porque para eso haría falta que los independentistas renunciaran definitivamente a exigir el derecho de autodeterminación y la independencia. Eso, o que el presidente Sánchez esté dispuesto a conceder ambas cosas, lo que no podemos ni siquiera plantear como una opción porque sería una absoluta deslealtad constitucional.

Entonces, ¿cuáles son las cartas? No lo sabe nadie. No es lo mismo actuar desde la oposición, desde un Gobierno en funciones o desde el poder. Y tampoco se puede jugar a todas las barajas. Lo acabamos de ver en la apertura de la legislatura. Frente al “España debe ser de todos, no puede ser de unos contra otros” del Rey Felipe, varios grupos parlamentarios, entre ellos los que han hecho presidente a Sánchez se ausentaron del acto institucional y negaron formalmente la legitimidad de la Monarquía y del propio Rey. Eso es pura y llanamente una deslealtad al Estado y al propio Parlamento del que forman parte voluntariamente.

Pero también lo es el hecho de que Podemos, el socio del Gobierno de Sánchez, tuviera una doble o triple actitud ante el máximo representante del Estado. 

Mientras los ministros de Podemos, que en la anterior legislatura permanecieron sentados, aplaudían con cierto “fervor”, la mayor parte de parlamentarios de ese mismo grupo, guardaban silencio y uno muy relevante pasó por delante de la Princesa de Asturias y de la Infanta sin siquiera saludarlas. Como ha escrito con razón Antonio Elorza, habrá que hacer ministros a todos para que se conviertan en fervientes monárquicos. O lo aparenten, al menos. Los representantes del Estado están obligados a ser leales con el Estado al que representan, aunque traten, y tienen ese derecho, de cambiarlo por vías democráticas y legales. Porque han sido elegidos para eso y porque cobran de ese Estado que denigran. Y, porque como también decía el Rey Felipe hace unos meses no se puede mantener la equidistancia entre quienes defienden y cumplen la Constitución y quienes pretenden destruir el Estado de Derecho.

Por eso, el diálogo de Sánchez con el presidente Torra o con ERC debería ser simultáneo al que tenga con los principales partidos de la oposición, ignorados en este asunto, y también con esa mitad de la población catalana que no está en absoluto por la independencia y que ha sido desatendida por los últimos Gobiernos de la Democracia. Diálogo sí, pero con todos, con absoluta transparencia y sin considerar que son iguales los que son leales al Estado de Derecho que los que tratan de acabar con él. No debería resultar admisible, bajo ningún concepto, engañar a los ciudadanos con falacias.

Lealtad al Estado

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