Falla todo (I)

La semana pasada ha sido trágica en lo que a violencia de género se refiere. Tres mujeres y dos menores asesinados en cuatro días. 
A ello unimos algunas noticias ciertamente alarmantes como las frases de un juez de violencia tras la celebración de una vista, donde a una mujer que había denunciado maltrato, el Juez a puerta cerrada y creyendo que la grabación de la vista se había cortado, entre risas con la Letrada de la Administración y la Fiscal, se refiere a ella como “bicha” o “hija de puta”, llegando a decir que cuando le permita al padre ver a sus hijos irá a “salvame” a contarlo y ponerlo de verano. Triste situación que los jueces, aun creyendo que no les están grabando, opinen de esta manera cuando precisamente se dedican a temas tan graves. 
De la misma manera en estos días se hicieron públicas grabaciones de una vista oral donde una fiscal se dirigía a una victima de violencia, preguntándole si no estaba ya contenta con que hubieran condenado al padre de su hijo que ahora también “como represalia” quiere privarle de el. 
Luego, cuando aparecen noticias de asesinatos de mujeres y niños,  salen jueces y fiscales manifestando que algo falla en los operadores jurídicos. ¿Algo? ¡Falla todo! Falla formación, falla el personal, que es escaso, fallan los equipos de valoración integrados por forenses, psicólogos y educadores sociales, que son insuficientes. Las prisas y el exceso de trabajo hacen el resto. 
Efectivamente, en la mayoría de los casos, lo que sucede es que tras una denuncia por malos tratos (la que sea) se activa un protocolo, que básicamente consiste en detener al denunciado y su puesta  a disposición judicial. 
Es el operador jurídico quien actúa, recibiendo declaración a los implicados, y acordando  en consonancia o no con el fiscal una orden de alejamiento. 
Si en este primer momento hay conformidad, el forense valora a la victima y  se dicta una sentencia, que establecerá una pena que no va a requerir el ingreso en prisión. Como sabemos, para ingresar en prisión es preciso una pena superior a dos años en el caso de no tener antecedentes penales. 
Emma González es abogada