Huelga “general” contra la democracia en Cataluña

a nueva huelga “general” que convocó una suerte de sindicato denominado Intersindical-CSC, ha sido un completo fracaso en cuanto a su incidencia en la actividad empresarial en el sector privado pero ha demostrado una vez más la eficacia de pequeños grupos organizados y violentos que pueden cortar autovías e infraestructuras ferroviarias provocando colapsos circulatorios que ocasionan serios perjuicios a los sufridos ciudadanos. Cientos de miles de horas de trabajo y ocio perdidas que se traducen en importantes pérdidas para la economía catalana y, por ende, también a la española. Cuánto tiempo más puede aguantarse esta situación es la pregunta que deben hacerse muchos empresarios, inversores, trabajadores, turistas y organizadores de congresos. A Puigdemont, Junqueras y demás políticos secesionistas parece importarles un bledo.
Entre las organizaciones convocantes de esta huelga figuran la Confederación Sindical de Cataluña (Intersindical-CSC), la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) y la Coordinadora Obrera Sindical (COS), ‘sindicatos’ todos ellas próximas a partidos y asociaciones secesionistas y algunas sin apenas implantación en el mundo laboral. Con la excusa del aumento en la precariedad laboral, la CSC convocó huelga ‘general’ el 8-N, a la que no se sumaron los sindicatos mayoritarios, pero sí recibió el apoyo de las sindicales IAC y COS, los partidos ERC y CUP y las asociaciones ANC y Òmnium que llamaron a “paralizar el país”. El verdadero motivo de la huelga era protestar por los encarcelamientos ordenados por la juez Lamela de los líderes de la ANC (Sánchez) y Òmium (Cuixart), Junqueras (ERC) y siete exconsejeros del gobierno de la Generalitat. A pesar del carácter inequívocamente político de la huelga, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó la petición de la patronal Foment del Treball de suspenderla, algo que prueba hasta qué punto nuestra democracia es garantista, incluso para los ciudadanos y las organizaciones que pretenden socavarla.  
El caso de CSC merece consideración más detallada. Su secretario general, Carles Sastre Benlliure, fue miembro del Exèrcit Popular Català (EPOCA) y Terra Lliure, y participó en mayo de 1977 en el asesinato del empresario catalán Josep María Bultó. Como es bien sabido, los terroristas exigieron al industrial el pago de 500 millones de pesetas en 24 horas y le adosaron una bomba a su cuerpo para asegurarse que pagaría, pero la bomba explotó pocas horas después y el industrial quedó despedazado. Ingresó en la cárcel Modelo pero fue amnistiado en octubre de 1977. En enero de 1978, Sastre y sus compinches acabaron, mediante idéntico procedimiento, con la vida de Viola Sauret, exalcalde de Barcelona, y su esposa. Huido a Francia, Sastre fue detenido en 1985 y fue condenado a 30 años por el asesinato de Bultó pero absuelto del doble asesinato de Viola y su mujer. En 1987, fue condenado a 18 años de prisión por pertenencia a banda terrorista y tenencia de armas.  Tras su liberación, Sastre se recicló como sindicalista y fue nombrado secretario general de CSC en 2013. Su completa rehabilitación coincidió con la firma de un manifiesto de apoyo a Artur Mas y una entrevista en la que Grasset –también miembro de EPOCA reconvertido en presentador de TV3– lo calificó de “preso político”.