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Otro viernes más el Gobierno aprobó decretos, llamados sociales, cuando todo el mundo sabe que son electorales. Entre otras cosas, su aprobación dependerá de la Diputación Permanente, el órgano que funciona cuando las Cortes ya han sido disueltas y convocadas unas elecciones generales. Este viernes, la portavoz confesó que ya no podía hacer política partidaria, ni dar mítines, como hacía, desde la mesa del Consejo de Ministros. Pero, sí seguir aprobando medidas con un coste económico para las arcas públicas y más trabas administrativas para las empresas.
En este sentido hay que entender la obligación de que los trabajadores fichen su entrada y salida del trabajo. La vuelta al pasado, cuando el mundo en el que ya muchos están y que marcará el futuro es todo lo contrario. El teletrabajo o las videoconferencias como métodos para ahorrar tiempo, dinero y conciliar mejor, por ejemplo. Es el mundo al revés. Volvemos a la fábrica del XIX. Hoy, lo importante en muchos trabajos no es estar, sino la productividad.
El otro decreto aprobado se refiere a la rebaja de 55 a 52 años la edad para tener acceso al subsidio para mayores desempleados y mayores bonificaciones por contratar a parados de larga duración de forma indefinida. La cuestión es si de verdad, cuando lo que se busca ampliar la edad de jubilación pues la esperanza de vida ha aumentado, dejamos ya a una persona de 52 años con un subsidio hasta los 67 o más años. En España, los parados se acercan a 3,3 millones.
¿En serio no hay ningún trabajador que se adapte a los que piden las empresas? ¿En serio los servicios públicos no son capaces de dar cursos para recuperar a estas personas de 52 años o más? ¿Cuántas de estas personas dejarán de buscar, cobrarán el subsidio y aceptarán un trabajo en negro? En otros lugares de Europa, recibirían formación y tendrían que admitir el trabajo a riesgo de quedarse sin prestación. Estamos hablando de una esperanza de vida superior a los 80 años.
Menos mal que, según la ministra de Trabajo, la reforma de la reforma laboral no se llevará a cabo por la falta de acuerdo con los empresarios, pero sobre todo con algunos grupos políticos que deberían aprobarla en la Diputación Permanente. Un alivio para el mercado laboral, teniendo en cuenta el empeoramiento de la calidad y cantidad del empleo creado en los últimos meses.

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